En el reino de las encuestas

Repetimos:

“Una descarada manipulación electoral despliegan las firmas encuestadoras en todos los municipios y departamentos del país. Y el Consejo Nacional electoral, ni mu”.

Editorial REDGES

Octavio Quintero

Director

Envía El Satélite

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Fue el lead de la noticia que REDGES divulgó hace una semana (el 24 de agosto), contrastando los datos del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM& y la Alianza de Consultores los Mosqueteros (ACM), divulgados en varios medios virtuales, PULZO, entre otros, sobre la intención de voto en Bogotá.

En el lapso de una semana, aparece otra encuestadora, YARUMO- EcoAnalítica (YE) contratada por El Tiempo y la Doble W (tercera casilla en el cuadro), que infla al candidato Uribe Turbay y desinfla el No sabe No responde (NsNr) al 7,3%.

Solo un error mayúsculo, o mayúscula manipulación de alguna de las encuestadoras, explicaría la inflada de M. Uribe T. del 7,9 (ACM) al 17,8 (YE), inadmisible. La cifra de YE (17,8) se parece más a CNC (13), de donde resulta que las explicaciones se le debieran pedir a ACM.

Lo mismo acusa para el NsNr que en la casilla de ACM aparece con 23,5 de intención electoral y en la YE se desinfla al 7,3%. Nuevamente la de CNC (2) y YE (7,3) se parecen un poco. Luego aquí también ACM nos debe una explicación.

Pasamos por alto estas observaciones en la noticia inicial, pero, revisando los datos, la desinflada que ACM le pegó a CF. Galán (16,8) frente al CNC (24), también era insostenible.

Para cerrar, el CNC debiera explicar por qué su metodología solo da un 6 de intención al VB, cuando sus pares le atribuyen 17,8 (ACM) y 20,5 (YE), más aproximados los guarismos.

No es “hablar por hablar”. Los medios de comunicación, con sus extensiones hacia las empresas encuestadoras, están construyendo opinión y, manipular a la opinión pública en materia electoral, es delito grave asimilable al ‘Fraude al sufragante’: “El que mediante maniobra engañosa, obtenga que un ciudadano vote por determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco. Este delito contempla entre cuatro a ocho años de prisión”.

Cuando se dice que, frente a estas mediciones tan contradictorias, las encuestadoras “nos deben una explicación”, es al Consejo Nacional Electoral, la institución que en nuestro nombre debe pedir, de hecho, las debidas explicaciones y darlas a conocer a la opinión pública y, amonestar, retirar la licencia de funcionamiento y demandar ante la Fiscalía General, si fuere el caso.

Pero, como también se resalta en la noticia inicial:

“En tierra de ciegos, sordos y mudos, hagan lo que quieran”.

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