Por Clara López / Semana.com
Si dejamos de lado la semántica y nos atenemos a los hechos, el cambio de gobierno ha traído consigo un retroceso en la convivencia. Los acuerdos de paz firmados no cuentan con la aceptación de los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño y sus bancadas en el Congreso. Dicha situación viene desde la renegociación del acuerdo de La Habana después del plebiscito en que el No ganó por un escaso margen. Aun cuando el acuerdo del Colón incorporó la mayor parte de las proposiciones de los sectores del No, temas centrales que determinaron la firma del acuerdo, entre ellos la justicia especial de paz, quedaron por fuera del consenso.
Escudados en que ganaron el plebiscito, los cuadros duros del uribismo soslayan que fue su jefe quien facilitó la renegociación del acuerdo final vigente, el cual fue refrendado por el Congreso y sus ejes estructurantes incorporados a la Constitución. De ahí que hayan desarrollado la tesis que el acuerdo puede modificarse unilateralmente, lo cual está conduciendo a un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, encargada de salvaguardar la Constitución.
Desde el día después de su elección, el entonces presidente electo Iván Duque orientó a sus bancadas en el Congreso para que frenaran la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP. En su discusión, el uribismo procedió a incorporar dos artículos ya declarados inconstitucionales por la corte en los cuales se prohibía a los magistrados practicar pruebas en casos de extradición y se eximía a los miembros de la fuerza pública de comparecer ante la JEP mientras se tramitaba una reforma constitucional que creara una sala aparte, con nuevos magistrados.
Paralelamente, el Gobierno procedió a excluir la palabra “paz” del léxico oficial, prefiriendo el vocablo “legalidad.” En el Plan Nacional de Desarrollo, que se anuncia como un “pacto nacional,” la paz es el tema que menos menciones tiene. Los defensores de la paz echan de menos un capítulo específico de paz y los recursos de la implementación.
Ahora se reaviva la polarización con las objeciones a la JEP, el anuncio de nuevas modificaciones al acuerdo final, vía reforma constitucional, y el pulso en las calles y el Congreso.
Nada de lo anterior le ha salido gratis a las comunidades del país, especialmente las que viven en los municipios más afectados por el conflicto armado, pero no solo ellas. La violencia regresa con saña. Después de cinco años de reducción del número de homicidios, las estadísticas de la Fiscalía muestran un punto de inflexión, registrándose en 2018, un aumento de los homicidios de 392 (3,3 por ciento) frente a 2017, con mayor incidencia en el 49,5 por ciento de los municipios del país, precisamente los que carecen de los básicos de la vida en sociedad donde el aumento es del 1.473 por ciento en San José de Ure, Córdoba y del 880 por ciento en Barrancas en La Guajira.
También arrecian los asesinatos de los líderes sociales, uno cada tres días a comienzos de 2019; se disparan las masacres con un aumento del 164 por ciento al pasar de 11 a 19 casos y las amenazas y agresiones contra periodistas con 3 asesinatos, 200 amenazas y 477 agresiones, todo ello reseñado con preocupación en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el año 2018.
El país olvidado sufre y llora porque los beneficios que rápidamente llegaron a las zonas del conflicto con la firma de la paz desaparecen. La paz se diluye en manos del Gobierno del Centro Democrático por falta de voluntad política para cumplir los acuerdos que hacen parte de la Constitución que juró cumplir.
