IMPUESTOS SIN IMPUNIDAD

-- Hay que perseguir a los ladrones del erario público antes que a los contribuyentes honrados

Reflexiones GES

(Octavio Quintero/Director)

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A la gente le caló mucho la advertencia contenida en una pancarta que apareció poco después de iniciarse los diálogos con las Farc-Ep: “Paz sin impunidad”.

No pasaría lo mismo con una pancarta que apareciera ahora en cualquier esquina de Colombia que dijera: “Impuestos sin impunidad” y, comparando lo uno con lo otro, podría resultar más grave que ahora se proponga clavar de impuestos a los colombianos de clase media baja hacia arriba, hasta donde empieza la clase más rica; y a la pequeña y mediana empresa privada, hasta donde empieza la gran empresa y las multinacionales.

Veamos que eso es así

Dice la Contraloría General que 2.923 personas le deben al erario 13,9 billones de pesos, por haber sido condenadas fiscalmente por corrupción o por la mala administración de los recursos públicos.

Si usted divide esa suma por el número de condenados, le da una cifra que probablemente quepa más en la cabeza de todos nosotros: $4.755’388.299,69. Si la expresamos en letras y números, tal vez siga haciéndose más clara: cuatro mil 755 millones, 388 mil, 299 pesos con 69 centavos.

Qué bueno sería tener acceso a la lista de esas personas. No sorprendería –ya nada nos sorprende—que en esa lista se encuentren encopetados funcionarios públicos y calificados empresarios de ayer y de hoy porque ellos son como las cucarachas de la casa: uno pa’fuera y ellas pa’dentro.

¿Son corruptas estas personas? Sí, son corruptas, y se puede hacer la afirmación sin temor de ser acusado de injuria o calumnia, porque se metieron al bolsillo dineros mal habidos; dineros que son de todos nosotros, y si quiere saber cuánto de cada uno, divida 13,9 billones de pesos por 48’872.518 habitantes (cifra DANE) y le da $284.413,42: eso, estadísticamente hablando, es una monstruosidad.

El código penal colombiano es muy sui generis: si usted entra a un supermercado y se roba un cubo de caldo para mitigar el hambre de la familia, se va derechito a la cárcel porque le aplican el principio de en flagrancia,  que no requiere más prueba para demostrar el delito… Pero si usted se roba el dinero público, cualquier cantidad que sea, además de tener que probárselo a través de un largo proceso por corrupción, dentro del cual entra una nueva corrupción –la de los jueces--; y si finalmente es condenado por cuestiones fiscales, entonces, basta con que usted devuelva el dinero y queda inmaculado, listo para volver a ser nombrado o elegido en cualquier cargo público, como fue el caso del actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien durante algunos meses figuró en la lista de la Contraloría por cargos de corrupción probados en su primera administración, y tan pronto como decidió aspirar a un segundo mandato en la ciudad de su familia, fue y pagó: para eso tienen harta plata, y listo.

Lo del alcalde de Barranquilla es meramente un ejemplo de esa larga lista de 2.923 condenados por la Contraloría. ¿Cuántos otros andan limpios solo porque no les han caído?; y nos les han caído porque sencillamente la corrupción ya superó la capacidad del Estado, es decir, es mayor el poder de los corruptos para robar que el poder del Estado para reprimirlos. Por ejemplo, en el mismo informe que sirve de soporte a este comentario, la Contraloría dice que aparte de esos 13,9 billones de pesos que deben los condenados, hay otros 14 billones de pesos con apertura de investigación, pero sin decisión fiscal, es decir, embolatados.

Concluyendo: son más los corruptos: podrían ser el doble (5.000 personas), que tienen arrodillado al Estado; y es más el dinero: podría ser el doble (28 billones de pesos) fruto del robo. Curiosamente, el número de personas que se deduce de la fuente fiscal, resulta estar muy cerca del 1% del grupo privilegiado de ciudadanos que captura una riqueza igual al 99% restante de la población colombiana.

28 billones de pesos es exactamente igual a cuatro reformas tributarias como la que se tramita en el Congreso. ¿Por qué no se legisla sobre este tipo de corrupción que sin darle más vueltas es un robo al erario público? Podría cambiarse el concepto que permite pagar y quedar limpio. Piénsese la fórmula. Pero no sigamos acostándonos con la corrupción de los ricos, como es lo que se contempla en la reforma tributaria al proponer cárcel a los evasores, castigo que queda sin efecto si el ladrón paga los impuestos que está reteniendo. Eso es tanto como si el ladrón que entra al banco, se roba un dinero de los clientes, y al ser descubierto lo devuelve, y sigue tan campante. Quisiera oír algún jurisconsulto capaz de refutar el ejemplo, y sacarnos de esta terrible duda sobre corrupción consentida e impunidad permitida.

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Fin de folio.- En materia tributaria los pícaros proponen, el Congreso dispone, y los honrados llevan del bulto.