TRASHUMANCIA, CON GOZO DE IMPUNIDAD
Los delitos electorales en Colombia son como las plagas: llegan, devastan lo que encuentran a su paso y desaparecen sin rastro, para volver a aparecer en la siguiente temporada.
Muchos municipios, algunos de poca monta política, pero apetecidos por su relativa posición económica, son víctimas de la trashumancia electoral o trasteo de cédulas, que se dice vulgarmente. Elección tras elección, les sobreviene de pronto un constante aumento en la inscripción de cédulas que se vuelve masiva en los últimos días de la respectiva jornada electoral.
Para ubicarnos en el contexto jurídico, al respecto, el Código Penal, art. 389, establece que “el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”.
La trashumancia se comete a ojos vistas, sobre todo de las mismas registradurías locales cuyos titulares saben, o debieran saber, que se está consumando un delito; luego, junto con los autores intelectuales, que no son otros que los políticos locales, los registradores municipales están incurriendo en delito por acción u omisión y, sin embargo, el prontuario electoral colombiano no registra ningún caso de político o registrador que haya sido procesado por el delito de trashumancia.
Simple y llanamente, el trasteo de votos es una práctica ilegal consentida por las autoridades en muchos municipios dentro de los cuales, Tocancipá, es apenas un botón de muestra.
En este municipio, desde el 25 de octubre de 2014, fecha en que se abrió la inscripción, y hasta el 29 de abril de 2015, se inscribieron 1.827 cédulas, es decir, unas 10 cédulas diarias. Esto sucede en solo seis meses del inicio del proceso electoral del próximo 25 octubre, cuando se renuevan las alcaldías y gobernaciones junto con las asambleas y concejos. Cualquier desprevenido podrá calcular lo que le espera a los tocancipeños en el tiempo que resta de aquí a las elecciones.
Que esto ocurra en las propias narices de las autoridades, es lo inadmisible; y que la gente vuelva a elegir, es decir, reelija a muchos exalcaldes que andan sacándole el bulto a la ley mediante artimañas legales previstas en lo que se ha dado en llamar “debido proceso”, es lo inexplicable.
Porque, para que tengan en cuenta los electores que se prestan a esta artimaña, también pueden ser procesados bajo el delito de falso testimonio ya que al momento de realizar la inscripción de su cédula, la persona está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente.
Como Tocancipá, hay 127 municipios más, según la alerta temprana que emitió la MOE (Misión de Observación Electoral) el pasado 24 de enero de este año (ver: Riesgo de trashumancia), en la que pide a la Registraduría Nacional hacerle un seguimiento especial al registro de cédulas.
Y, finalmente, algunas preguntas saltan a la vista: ¿Ha procedido la Registraduría Nacional en consecuencia? ¿Tiene el registrador municipal de Tocancipá alguna instrucción al respecto? ¿Sabe su despacho quiénes son, sobre todo los autores intelectuales de este delito, algunos de los cuales se pavonean públicamente alardeando de su redil electoral?
Hablar sobre “equilibrio de poderes” en un Estado en donde el equilibrio electoral está dominado por la corrupción, es, como dice el docto vulgo, un saludo a la bandera. Si nos propusiéramos ser más honrados con la democracia, bastaría con anular este tipo de elecciones y meter a la cárcel a tanto registrador municipal y político local que han dado en manosear tan burdamente los resultados electorales.
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Redacción El Satélite, con el concurso del veedor de Tocancipá, Ricardo Prieto.
