SU MAJESTAD: LA JUSTICIA
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, ha insertado en el último boletín de esa corporación a los medios, el No. 146, un promisorio editorial, breve y sustancioso, que dice:
“En los últimos días, dos decisiones del Consejo de Estado han merecido elogios por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. La primera es la nulidad de la elección del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, decretada por la Sala Plena, y la segunda es también la nulidad de la elección del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, ordenada por la Sección Quinta.
“En ambas decisiones el Consejo de Estado sienta un precedente frente a la transparencia que debe haber en los procesos de elección de los magistrados de las Altas Cortes para evitar cualquier tipo de cuestionamiento que ponga en duda la independencia y majestad de la justicia.
“El twitter de la Corporación y las columnas de opinión destacan las dos decisiones como el principio de una reforma a la justicia que se necesita, pero propuesta al interior de las propias Cortes”.
Es bien diciente el editorial de la presidenta del Consejo de Estado, en primer lugar, porque muestra el camino de un “sí se puede” oxigenar la administración de justicia desde adentro. Y esto lo que quiere decir es que buena parte de lo mucho que se critica a la justicia es por falta de ética o, dicho de otra forma, por la pérdida de moralidad entre magistrados y jueces que no se corrige con las ya consabidas “reformas estructurales” sino con educación, disciplina, responsabilidad profesional y orgullo de ser lo que se ha escogido ser en la vida.
El recurrente prohibicionismo con el que se pretende solucionar todo lo que cascabelea en la praxis cotidiana del devenir público o privado, solo reditúa en mejores utilidades al todo vale y llena de obstáculos al camino correcto de hacer las cosas bien.
Un claro ejemplo fue la malograda reforma a la justicia cuyo trámite, hasta el final (porque llegó al final) fue un monumento a la corrupción y connivencia entre los poderes del Estado; y su final, por si no era evidente el elefante en la sala, peor: macheteada en una sesión extraordinaria del Congreso convocada irregularmente por el presidente Santos para enterrar un acto legislativo que, como tal, no se podía tramitar ni en una sola sesión ni menos extraordinaria.
Por eso resulta diciente el término de “transparencia” que utiliza la presidenta del Consejo; y el segundo punto importante es que, con base en los hallazgos que llevaron a la anulación de las elecciones de los magistrados Ricaurte y Rojas, se proyectaría también la anulación de la reelección del procurador Ordoñez, cuyo caso está a consideración de la Sala Plena, pues, que también entre el procurador, la corte que lo ternó y el senado que lo eligió se dio lo que llaman “puerta giratoria” o carrusel de favores. Así no fuera inconstitucional su reelección, por el solo hecho de la forma en que se produjo, se debiera decretar su nulidad.
Se coronaría de gloria el Consejo de Estado si le agregara esta tercera joya a su nueva aureola de independencia y majestad de la justicia, como la llama la magistrada-presidenta, MARIA CLAUDIA ROJAS (así con mayúscula).
