SIN EXCUSA
La Procuraduría General deberá llamar a concurso de méritos para la provisión de más de 2.000 puestos de trabajo desempeñados actualmente por funcionarios de libre nombramiento y remoción.
La orden quedó confirmada en sentencia de la Corte Constitucional al negar una demanda de nulidad interpuesta por el procurador, Alejandro Ordoñez, bajo excusa de que “eso afectaría gravemente las finanzas del Ministerio público y sería perjudicial”.
En la decisión la Corte deja claro que “los empleos en las entidades públicas son de carrera y su vinculación se realizará mediante concurso, con el propósito de incentivar el mérito para acceder a la función pública”.
El plazo dado para que se proceda en consecuencia es de seis meses.
