SE REQUIERE MAYOR ESTUDIO

(José Gregorio Hernández Galindo)

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Lo que en estas columnas hemos venido tratando acerca de los falsos testigos y en general sobre la crisis de la administración de justicia, que también es palpable en el ejercicio de la profesión de abogado, pone de presente apenas una parte del gravísimo problema que en esta materia afronta nuestra sociedad.

Es el fenómeno del total desamparo en que se encuentran los ciudadanos cuando se trata de buscar el acceso material, efectivo y oportuno a la justicia, que en buena parte de las ocasiones en que se acude a ella se muestra esquiva y lejana. Es algo que tiene muchas causas –entre ellas las dificultades resultantes de un sistema jurídico en algunos campos incompleto, improvisado o desueto; las carencias presupuestales; la incapacidad de la infraestructura y del número de jueces, empleados y magistrados para atender los miles de procesos represados y las innovaciones propias de nuevos códigos que se aprueban sin constatar la factibilidad de sus exigencias; la baja remuneración de los servidores pertenecientes a la rama judicial; los casos de corrupción y falta de ética, que no son generalizados pero que se han presentado y presentan-, pero en este escrito nos queremos referir muy específicamente a una, en la que poco se piensa.

Se trata del notorio decaimiento, cada vez más extendido, en la formación de quienes han escogido para su vida futura una de las profesiones más dignas y a la vez más exigentes: el Derecho.

Lo que hemos podido observar en los últimos años, tanto desde la judicatura como desde las aulas y en el mismo ejercicio profesional, es la tendencia de algunos –no todos- nuestros colegas a quedar satisfechos y tranquilos en materia de actualización y ampliación de sus conocimientos, y las frecuentes dificultades en que se ha caído cuando se trata del hábito del estudio, la lectura y la crítica.

No es extraño encontrar providencias judiciales carentes de todo sustento, proferidas sin previo examen y ponderación del material probatorio, o con el criterio de arrojar resultados estadísticos pero sin mayor contenido jurídico. Lo propio se encuentra en no pocas demandas y memoriales puestos a consideración de fiscales y jueces.

Por aquello que podríamos denominar “daños colaterales” de los avances tecnológicos, la tentación de la copia y el plagio afecta a los estudiantes en el pregrado y en los posgrados así como en las demandas y sentencias se ha venido convirtiendo en algo común. Desde luego, haciendo la salvedad de ilustres abogados, jueces y fiscales que todavía siguen a Couture cuando advertía en su Decálogo que quien no estudia será cada día menos abogado.

Por ello, en varias universidades, como la que me honro en presidir –la del Sinú en Bogotá- hemos asumido el desafío de modificar radicalmente los métodos de formación de los estudiantes de Derecho, para entregarles mucho más, con la mira puesta en la renovación que nos puedan ofrecer las generaciones futuras de juristas. Y desde luego, también para exigirles mucho más estudio.