RAMIRO BEJARANO (El Espectador)
EL ASALTO A PETRO
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Es posible que Juan Manuel Santos no esté consciente del daño causado a la democracia al privilegiar la arbitraria decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir a Gustavo Petro, por ser mal alcalde pero no corrupto. Fueron muchas las razones por las cuales precipitadamente se decidió no acoger las medidas cautelares decretadas por la CIDH, ninguna jurídica.
La Casa de Nariño se guió por unas encuestas cuya tendencia por estos días es desfavorable a Petro, y en el corazón siempre calculador del mandatario pesó más ponerse del lado de los que él cree buenos, porque en vísperas de su reelección no se pueden correr riesgos apoyando a un burgomaestre impopular. Lo que no midió el presidente es que muchos de los votos de la ultraderecha que lo apoyarán por destituir al alcalde, muy seguramente no votarán por él sino por Zuluaga y Peñalosa, pero, en cambio, sí lo harán en su contra los miles de seguidores frustrados de Petro y muchos indignados de otras colectividades.
A Santos no le importó incumplirle a Petro la promesa de que acogería las medidas cautelares, con lo cual confirmó que su fuerte no es ser un hombre de palabra, menos estando de por medio el tenebroso procurador Ordóñez, a quien le temen en Palacio por cuenta de viejas investigaciones que aún no se archivan y desvelan a más de uno.
Pero también hay quienes aseguran que al vacilante oído de Santos llegaron las voces de algunos subalternos que no estaban dispuestos a que el Gobierno apoyara la tesis del fiscal Montealegre de que se acogieran las medidas cautelares de la CIDH, y por la vía del odio lo hicieron equivocar y de paso convirtieron a Colombia en un país irrespetuoso del sistema interamericano de derecho, igual que la satrapía venezolana. El procurador, Fernando Londoño Hoyos, Francisco Santos, Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, y toda la arrogante ultraderecha, aunque les duela, hoy quedaron en el mismo circo de Chávez y Santos.
En lo jurídico, es deplorable la actitud del Gobierno. No hubo nadie capaz de detener los disparates con los que han pretendido sustentar este desacierto mayúsculo. Sostener que en el caso de Petro las medidas cautelares de la CIDH no eran vinculantes, porque no se utilizó el verbo “ordenar” sino “solicitar”, es un embuste grotesco. Igualmente excusarse en que lo que vincula son decisiones de la Corte Interamericana y no las de la Comisión, para no acatar por primera vez en la historia las medidas cautelares de la CIDH, es un argumento tramposo propio de quien quiere torcer la ley, pues la Corte Constitucional, en sentencias T 558/03 y T 327/04, de tiempo atrás ha sostenido que el Estado colombiano está obligado a acatar esas medidas, sin importar el derecho sobre el cual versen. Y peor todavía alegar que no era posible acoger las medidas de la CIDH dizque porque los derechos políticos no son fundamentales, coartada que no se le ha ocurrido ni siquiera a Nicolás Maduro.
No es cierto, contrario a lo que afirma el Gobierno, que Petro hubiese tenido todas las garantías judiciales, y que cuente con instrumentos eficaces para buscar la protección judicial. Se necesita ser ciego para no advertir que la precaria mayoría del Consejo de Estado que denegó las tutelas está conformada por magistrados aquerenciados con la mermelada de la Procuraduría, al igual que en el Consejo de la Judicatura. Hubo hasta un togado que previamente dijo a los medios que no procedían las tutelas por ilegitimidad de los demandantes, y ese planteamiento hizo parte luego de la decisión en la que participó sin haberse declarado impedido.
Habría sido mejor que Petro hubiese sido derrotado en las urnas, que este manotazo contra la juridicidad orquestado desde una Procuraduría arbitraria y perseguidora, ante la cual sucumbieron todos menos el fiscal Montealegre.
Adenda. A quienes creen que es un exceso mi propuesta de revocar a los magistrados de las altas cortes, que miren cómo la muy astuta doctora Ruth Marina Díaz consiguió nombrar a otro de los suyos, Álvaro Fernando García, como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema. El sistema judicial ha colapsado, de ello no hay duda. Esta corruptela hay que pararla.
