La ley sin autoridad es como un serrucho sin dientes

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Veedurías GES

Edición El Satélite

Dirección Octavio Quintero

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De “puro blablablá”, calificó el dinámico vocero social, Antonio Guihur Porto, la respuesta que le dio la Auditoria General de la República el pasado 21 de septiembre a su derecho de petición sobre la desidia del gobierno para poner en cintura a los corruptos.

Lo curioso de ese blablablá, no es que nada le hayan resuelto al peticionario sino que, la respuesta de la Auditoría se da porque la Procuraduría le remitió el derecho de petición del vocero social, en una especie de “Herodes a Pilatos” que es lo habitual en todo el engranaje oficial.

¿Por qué la Procuraduría, institución encargada constitucionalmente de vigilar la moral pública y la conducta ética de todos los funcionarios del Estado, le remite a la Auditoria el derecho de petición de Guihur Porto? Vaya uno a saber, pero así fue.

El dinámico veedor ha tomado la sana costumbre de remitir todas las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación, incluyendo los del Grupo Editorial El Satélite del que Guihur es un excelente contribuyente, a las entidades involucradas en las denuncias o a las encargadas de tomar las medidas correctivas. Su propósito, se advierte se otra explicación, es buscar que la veeduría social propia de los medios no caiga en el vacío.

Pero en nuestro lamentable estado de postración gubernamental, legislativa y judicial, todo se disuelve en el aire. Esto lo dice  en mejor forma, Olga Nadesda, en respuesta a la observación de Guihur sobre su blablablá de la Auditoria:

Desde hace muchos años, tengo la convicción de que las entidades encargadas de la vigilancia del recurso público y de lo social, son entidades de doble moral, que sólo les interesa su beneficio propio, siguen engrosando nóminas y lo que faltaba era el mismo blablablá, por parte de la Auditoría, según el texto respuesta a usted dirigido.

La Procuraduría, Contraloría, Personería,  Auditoría y Veeduría, son entes de engorde.  Son monopolios del Estado, que opera como proveedor monopólico de los servicios que a cabalidad no presta a la sociedad colombiana.

Estas entidades, por largos períodos han existido, con bajos grados de eficiencia y elevados índices de corrupción, sin que el pueblo pueda rechazarlas, porque para esa labor fueron impuestas.  Entidades que se prestan para tapar la corrupción de casi todos los entes del gobierno.

Todo esto hace parte de un ambiente general en el cual el tráfico de influencias es mirado con benevolencia; y, el uso de recursos públicos para fines privados es considerado como una prerrogativa normal, asociada al logro de altas posiciones de mando en todas las entidades del sector público.

Y con marcado cinismo, un ministro como Cárdenas, habla del déficit presupuestal que hay que recuperar, así sea a costa de meterle la mano al bolsillo a los pobres y a los pensionados, cuando los deshonestos se perciben por todos los ámbitos gubernativos de toda Colombia.

Así es como yo lo he vislumbrado dentro de los cargos públicos desempeñados, y durante casi una década, ya pensionada, como directora de una Red Nacional de Veedurías, entidad sin ánimo de lucro, encargada de denunciar la deshonestidad de funcionarios públicos y privados, dentro de unos esfuerzos desalentadores para combatir a los pulpos de la corrupción.

Es más fácil erradicar las cucarachas en la tierra, que erradicar la rampante corrupción en Colombia.

En su derecho de petición más reciente, Guihur Porto toma la noticia divulgada por GES, bajo la firma de Eduardo Aristizábal Peláez/Fuente El Reverbero: “Elucubraciones: Estado tramposo” sobre los llamados contratos de prestación de servicios y la remite al presidente de Corte Constitucional rogándole, “con todo respeto”, que la haga llegar al Ministerio del Trabajo, a todos los congresistas y magistrados de las diferentes Cortes  para que la Corte Constitucional en pleno, revoque cuanto antes la intermediación y tercerización laboral que contradice no sólo al Código Sustantivo del Trabajo sino también a la Constitución de la República.

Y agrega: La delicada situación laboral expuesta en el artículo publicado por el Periódico El Satélite, sucede también en muchas empresas privadas con la degradante intermediación laboral, adefesio que el Gobierno debe revocar cuanto antes porque afecta a millones de trabajadores en sus prestaciones sociales y en los aportes para su futura pensión. De ahí se desprenden las constantes quejas de que muchos trabajadores no logran, o no lograrán, una pensión por no cumplir las semanas cotizadas requeridas.  ¿Para qué sirve entonces el Código Sustantivo del Trabajo?

Como sé que Guihur Porto es un tenaz, con relación a este mismo tema, le dejo la tarea de que se averigüe con el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General de la República, qué pasó con su CIRCULAR CONJUNTA 006 del 23 de noviembre del 2001, ¡VAN A SER CINCO AÑOS! en la que ordenaban a todas las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, cumplir lo dispuesto en la sentencia de la Corte, C-614 del 2009, sobre “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Prohibición de celebración para ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución”.

La información que se reclamaba en esa circular debía ser suministrada al Ministerio y la Contraloría, “a más tardar el 15 de diciembre del 2011”.

“Puro blablablá”, tal vez tengamos que concluir con usted don Antonio y con la señora Nadesda. Y ya no un blablablá de la Auditoria General de la República sino de la Corte Constitucional, del Ministerio del Trabajo y de la Contraloría General porque, podría uno aseverar que las nóminas paralelas siguen dominando el espectro laboral del Estado y del sector privado.

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Fin de folio.- Volvamos repetir porque el tema amerita: Colombia es un país pleno de leyes y poca autoridad. ¿Quién le pone el cascabel al gato?