NUEVO CAPÍTULO. PROCURADOR ORDOÑEZ Y SUPERINTENDENTE VÉLEZ EN EL OJO DEL BUMERANG

(Octavio Quintero, 14 de mayo del 2014)

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No hubo dolo en el proceso de cambio del esquema de prestación del servicio de recolección de basuras en Bogotá, es lo que se desprende de la decisión del magistrado del Consejo de Estado (CE), Gerardo Arenas, para extenderle medida cautelar al alcalde Petro en el inicio de la acción de nulidad que interpuso ante esa corporación contra la destitución e inhabilidad política que le impuso la Procuraduría.

A lo largo del expediente abierto por la Procuraduría, el delito que vio el procurador Ordoñez no se encuentra demostrado, es, en síntesis, lo que testifica ante los medios de comunicación el magistrado y la presidenta del CE en rueda de prensa.

Profusamente los medios analizaron en contexto el alcance de la medida, coincidiendo todos (tirios y troyanos) en que el alcalde ha quedado atornillado al cargo hasta el fin de su mandato (31 de diciembre del 2015 a las 12 de la noche), inclusive considerando el peor de los mundos: que el fallo de fondo del CE le sea finalmente adverso, o que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tumbe la tutela del Tribunal Superior de Bogotá (TSB), que es otro cuento, como otro cuento es lo de la revocatoria que algunos creen que ha quedado nuevamente en firme y otros piensan que su tiempo ha terminado.

Al otro lado del rio, en la orilla del Procurador, ¿qué puede pasar? El 10 de mayo, en su cuenta de twitter, el alcalde Petro trinó diciendo que si en el caso del exalcalde de Medellín, Alfonso Salazar, el procurador incurrió en abuso de poder, ¿qué sanción tiene?, se preguntaba.

Se le respondió que curiosamente el exalcalde Salazar había quedado contento con recuperar sus derechos políticos y, de paso, anunció que no emprendería ninguna acción legal contra el Procurador.

Si Petro trinó así, es porque, si  su caso también es anulado por el CE, él si emprenderá acciones contra el procurador por abuso de poder al aplicarle semejante sanción, en consideración de una acción administrativa en la que no se encuentra dolo.

Y no se puede dejar suelto el cabo del superintendente ad hoc de Industria y Comercio, Luis Guillermo Vélez, quién acaba de imponerle multimillonaria multa al alcalde y sus subalternos cercanos al cambio de modelo de basuras, dizque por haber violado la norma sobre libertad de empresa…

Algo le tiene que estar diciendo la consideración inicial del magistrado Gerardo Arenas al mencionado funcionario: no se encuentra dolo en el proceso…

Ordoñez y Vélez deben estar muy preocupados porque el telón de este último acto del caso Petro puede caerles encima.