PAZ ENTRE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
La guerra del agua en la Sabana de Bogotá concluye con una comisión interinstitucional entre el Acueducto de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y los municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente que regulará –ad referéndum- la demanda y el consumo de nuevos asentamientos urbanos, empresariales y comerciales en municipios vecinos a la capital. La comisión quedará conformada esta misma semana.
Este parece ser el epílogo de ese ruidoso enfrentamiento que en los últimos meses provocó el alcalde Petro y su entonces gerente de la EAAB (Diego Bravo), al anunciar unilateralmente que no vendería más agua en bloque a los 19 municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente, que han venido desarrollando acelerados procesos urbanísticos e industriales, abastecidos de agua por Bogotá.
En las últimas horas, el nuevo gerente de la EAAB, Alberto Merlano, se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, e hicieron la paz, que es el tema del momento.
“Se optimizará la venta de agua en bloque en los municipios de la Sabana, dice una información subida a la página web de la Gobernación, de la cual se desprende que se adelantarán procesos de sensibilización a los alcaldes de la región para capacitarlos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), teniendo en cuenta el uso adecuado del recurso hídrico
“Hemos encontrado un buen interlocutor en el Gobernador, dispuesto a conversar y mirar los temas entre Bogotá y Cundinamarca”, dijo Merlano. “Hemos tenido una reunión muy productiva con el gerente del acueducto”, agregó Cruz, indicando que “ahora se tiene una visión compartida de cómo debe ser la ocupación del territorio en torno al agua”.
Esta afirmación de Cruz indica que, en cierta forma, se le dio la razón a Petro cuando, en su momento, afirmó que había que reordenar el territorio de la Sabana de Bogotá en torno a la “gobernanza del agua”.
De acuerdo con los planteamientos del Gobernador, estas acciones permitirán optimizar el uso del agua con base en los planes de ordenamiento territorial, además de tener un estricto control sobre los vertimientos a la cuenca del río Bogotá.
Al concluir la reunión se dejó establecido que no se le cerrará la llave a ningún municipio que, a contraprestación, suscribieron un acuerdo con el gobierno departamental que los obliga a consultar todas las decisiones del POT referidas a la demanda de agua potable.
