LITURGIA JURÍDICA

El caso Petro: Pilatos se lava las manos… “Nos va tocar volver a cambiar de pareja”: Santos

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A ver: tantas veces se ha citado la facultad que tiene el procurador para imponer sanciones “conforme a la ley” a todos los funcionarios públicos, “inclusive los de elección popular”, que se pasa por alto que dicha facultad opera si y solo si está conforme a la ley.

Esta es una discusión que se ha tocado muy tangencialmente. Y la pregunta, entonces, es pertinente: ¿En dónde violó la ley Petro al cambiar la naturaleza del contrato de basuras en Bogotá?

Al respecto, el juzgado tercero administrativo del Circuito de Bogotá negó una demanda de nulidad contra el decreto distrital 564/12, interpuesta por el entonces concejal Orlando Parada Díaz (hoy detenido como actor delincuencial dentro del escándalo del carrusel de la contratación).

Esa sentencia no ha sido impugnada por nadie… Luego está vigente, y de su vigencia se desprende que Petro actuó conforme a la ley, dando cumplimiento, por demás, a una perentoria sentencia de la Corte Constitucional (la T-724 de 2003, y los autos 268 de 2010; 275 de 2011 y 084 del 2012.

Si Petro actuó legalmente, la contraparte, en este caso el procurador que lo sanciona por eso, actúa ilegalmente, y aunque su facultad pueda disciplinar a un funcionario público de elección popular (caso todavía muy discutible desde el punto de vista jurídico), lo que está de bulto y vigente es que en el caso Petro lo hizo arbitrariamente, y en este sentido, ninguna de las demandas interpuestas ante la justicia competente ha hecho énfasis porque se han enfocado a  demandar la vulneración de un derecho fundamental: el de elegir y ser elegido.

Otro punto que podría estar en línea con la facultad del procurador para disciplinar a un funcionario público de elección popular es el No.4, contemplado en el mencionado art. 277 de la Constitución… “Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”.

El expediente de la Procuraduría acusa al alcalde de haber puesto en alto riesgo el medio ambiente de los habitantes de Bogotá…

Quedó claro que los operadores privados no devolvieron al distrito los equipos al término del contrato, como también lo ordena la Corte Constitucional, y está por establecer judicial o administrativamente lo del complot que tramaron, cuya denuncia por parte del alcalde ni siquiera fue tenido en cuenta por la Procuraduría.

Todo esto seguirá su curso investigativo con o sin Petro como alcalde y, por eso, lo que se pide es que no se vaya a “fusilar al reo sin antes de llegar la orden”, que parece ser lo que está dispuesto desde el altar de la Procuraduría, acolitada por el alto gobierno cuyo Presidente da puntadas de cambio inminente de alcalde, y su candidato a Vice (Vargas Lleras) se da el lujo, sin todavía haber sido elegido, de ordenar a la justicia una especial (y sospechosa) diligencia en finiquitar la comedia…