De ‘Doña Juana’ a San Andrés, Islas

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Por: Octavio Quintero

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El mayor riesgo que puede correr un turista en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no es que se ahogue en el mar, sino en la acumulación de basuras a razón de 80 toneladas diarias que no tienen un manejo adecuado pero tienen, eso sí, una larga historia de indolencia administrativa que involucra a varias entidades del orden nacional y local, oficiales y descentralizadas, que se miran entre sí como diciendo “ese muerto no lo cargo yo”.

Los actores del drama, cuyas víctimas cotidianas son, por supuesto, los propios 80.000 habitantes de la Isla que pasa por ser destino turístico en los mapas de Colombia, y pasa también por una crucial disputa territorial con Nicaragua, son:

1.- La Procuraduría general.

2.- la Procuraduría Judicial II para asuntos ambientales y agrarios en la Isla.

3.- El departamento, denominado, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en adelante, solo San Andrés).

4.- la Corporación para el desarrollo sostenible de San Andrés (en adelante Coralina).

5.- El Ministerio de Minas y Energía Minminas).

6.- La Sociedad Productora de Energía de San Andrés (en adelante, Sopesa)

7.- La Empresa de Energía de San Andrés (en adelante, EEDAS).

8.- Las CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Estos ocho actores andan hechos un pegote de estiércol jurídico sacándole el cuerpo cada uno a su responsabilidad que data desde febrero el 2011 (¡78 meses a hoy! –6 años y medio), cuando debió haber entrado en operación la planta de generación de energía, a partir de las basuras, construida a un costo de 34.000 millones de pesos de la época.

Pues, su negligencia, le está negando el derecho a los sanandresanos y turistas al goce de un ambiente sano, en cuanto que está en entredicho el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la existencia del equilibrio ecológico y la defensa del patrimonio público; de un lado, sin contar arandelas del tamaño de la luna como serían la moral administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y tener un mínimo de prevención de desastres que fácilmente pueden derivarse de todas las contingencias atrás numeradas.

Al cabo de un largo proceso de incumplimientos, prórrogas, demandas y fallos judiciales, el Consejo de Estado, mediante providencia del 08 de junio pasado, le acaba de ordenar al departamento de San Andrés, y a las entidades encargadas del manejo de las basuras en la Isla, poner en funcionamiento la planta de generación de energía que, repetimos, debió haber entrado en operación en febrero del 2011.

¿Y por qué no se ha puesto en operación?

¡Ah!: aquí entran en escena los actores de una larga historia que, al final de esta breve nota, usted puede recrearla en la sentencia del CE que concluye:

1.- Amparar los derechos de los sanandresanos y turistas atrás mencionados.

2.- Instar al departamento y a la corporación Coralina, en su calidad de autoridad ambiental, avalar, en el término de seis meses, la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del relleno sanitario, denominado, Magic Garden.

3.- Expedir los permisos ambientales de emisiones atmosféricas, vertimiento de aguas industriales y vertimiento de aguas domésticas necesarios para el manejo de las actividades complementarias al servicio público de aseo, en sus componentes de disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos que se producen diariamente en la Isla y los que se extraen en el sitio de disposición final para ser entregados al operador de la Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para la generación de energía.

4.- Ordenar al departamento de San Andrés gestionar ante la Asamblea la contratación de un operador del relleno sanitario que se encargue de la realización de actividades complementarias al servicio público de aseo en sus componentes de disposición final y aprovechamiento de los recursos sólidos urbanos que diariamente se producen en la Isla y su entrega a la planta de generación de energía.

5.- Exhortar a la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (Sopesa), a que cumpla con las obligaciones del contrato y que preste la colaboración debida a todas las demás  actividades que se derivan de su propia operación.

6.- Exhortar al Minminas a que haga el seguimiento necesario al proyecto relacionado con la puesta en funcionamiento de la planta de aprovechamiento de RSU para generación eléctrica.

7.- Exhortar a la Empresa de Energía del Archipiélago, EEDAS, a que preste la asesoría necesaria, así como que entregue la información que requiera el departamento, para estructurar el contrato del operador concesionario, que tendrá a su cargo las actividad de disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos, que serán entregados a Sopesa.

8.- finalmente, el Consejo de Estado ordena la realización de mesas de trabajo mensuales con la presencia de todos los actores que vienen “mamando gallo” desde hace 5 años y medio a ver si por fin se dejan de retroinculparse unos a otros mientras la ciudadanía –residentes y turistas—se ahogan en las basuras.

9.- A todo esto se suma la imperial disposición de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que a finales de noviembre determinó que el suministro de gas a la Isla fuera de 211.000 kilógramos mensuales, cuando el promedio de consumo se aproxima a los 250.000, además que no se contempló el incremento en las temporadas de vacaciones. Dicha situación puede generar que los hoteles, restaurantes, comercio y el resto de la población no tengan cómo atender al turista, ni cómo suplir sus necesidades básicas.

¿Será esta sentencia del CE suficiente?

Ummm, ya se han dado plazos a los plazos, y nada.  El contrato de concesión suscrito para la construcción de la planta establecía que la misma debió iniciar operaciones el primero de febrero de 2011; posteriormente se acordó aplazar su apertura para el 15 de agosto de 2011, luego para el 22 de abril de 2012 y finalmente para el 20 de junio del mismo año, pero la operación no se efectuó.

Desde entonces, demandas vienen y demandas van, hasta culminar con esta última sentencia del Consejo de Estado que en la práctica debiera cerrar el litigio jurídico. A verlo vamos…

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Fin de folio.- Ojalá no pase con esta sentencia lo que pasa con tantas sentencias de las altas cortes,  que se las pasan por la faja porque a Colombia, como venimos diciendo, le sobran normas y le falta autoridad.

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Enlaces relacionados

Sentencia del Consejo de Estado