LA ZORRA EN EL GALLINERO...

Octavio Quintero

Director: El Satélite

(03/04/16)

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El primer evasor de impuestos en Barranquilla es el alcalde, Alex Char, junto con sus empresas: tiendas Olímpicas y SAO, así como sus socios y amigos más cercanos en los negocios, como cementos Argos y, por supuesto, sus familiares.

En este escenario se conjuga un inmenso desgreño administrativo en las dependencias de los impuestos locales denominados Predial y de Valorización, como también, una rapaz corrupción que le roba al Distrito de Barranquilla muchos miles de millones de pesos en impuestos que se sustraen de su propio desarrollo económico y social.

La iluminante y valerosa crónica de Jorge Vergara Carbó, presidente de Cívicos en Acción, junto con otra ONG: Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, arroja conclusiones desalentadores y, sobre todo, alarmantes, ante la inminente posibilidad de que la base catastral, de la cual se derivan las tarifas de predial y valorización, pase a ser manejada autónomamente por la administración local, en cabeza, como se sabe, de una familia todopoderosa en Barranquilla: Los Char, y sus secuaces.

La investigación de Vergara C. y sus aliados, revela un sinnúmero de propiedades de alta valorización ubicadas en estratos 2 y 3, incluyendo algunas en cabeza directa del propio alcalde Alex Char. También muestra lotes urbanos que ya se encuentran construidos y en funcionamiento, tanto como residenciales, comerciales o industriales, pagando impuestos como si todavía estuvieran vacíos, o simplemente borrados de la base de datos, como sería el caso de Cementos Argos.

“Pena debería darles a quienes siendo del estrato seis (6), pagan impuestos y se benefician de subsidios en servicios públicos como si fueran de estrato tres; y peor aún, quienes teniendo un negocio comercial aparecen como residencial y con un avalúo bajo o, igualmente aquellos que no obstante haber construido siguen pagando el predial como si fueran lotes vacíos”… dicen los veedores en su crónica.

Al otro lado de la moneda se encuentra el común de los ciudadanos barranquilleros con reajustes catastrales o de valorización confiscatorios, violando la directriz del IGAG en el sentido en que ningún reajuste catastral o predial podría sobrepasar el 3% del avalúo inmediatamente anterior.

Aunque las cifras concretas de lo que podría considerarse un abultado detrimento patrimonial en Barranquilla, no se encuentran establecidas globalmente en la crónica, los ejemplos particulares que se lograron recopilar, reflejan la magnitud del desastre fiscal en la capital del Atlántico.

Vea la crónica de estos adalides de la veeduría barranquillera en el siguiente enlace que le proporciona 

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