La Procuraduría amenaza la democracia
El inquisitorio poder que ha desarrollado la Procuraduría sobre los cargos de elección popular está interfiriendo la voluntad democrática, dice en su columna de El Tiempo la analista Laura Gil (en la foto).
Citando conceptos jurídicos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la columnista sostiene que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción, solo cuando existe "condena por juez competente en proceso penal".
En tales circunstancias, la destitución de un cargo de elección popular por sanción disciplinaria, debería constituir una medida excepcional, pero a juzgar por las estadísticas de la misma Procuraduría sobre suspensión de alcaldes, gobernadores, parlamentarios, diputados y concejales, en Colombia, se ha convertido en la regla.
