LA BRECHA EDUCATIVA

Santos se va debiéndonos equidad y educación

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Editoriales/RED-GES

Por: Roberto Baquero

(Pte. Colegio Médico Colombia)

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Paz, equidad y educación fueron las banderas agitadas por el actual Gobierno en los ocho años de su período. La paz sigue siendo una esperanza. Pero, tanto la equidad como la educación, se han convertido en objetivos inalcanzables.

Después de una ardua batalla el Congreso pasó a sanción presidencial la ley de residencias médicas, para corregir el error histórico de permitir el cobro excesivo de matrículas y el no pago de salario a los residentes.

No es posible reducir la brecha de la desigualdad social, si únicamente los estudiantes con condiciones socioeconómicas favorables son los que pueden acceder a una educación superior y a programas de posgrados. Es más, en los últimos años estas diferencias entre los estudiantes de altos y bajos recursos se han ampliado considerablemente debido al costo desmesurado de las matrículas en cualquier universidad privada.

Hace unos días se hizo público el proyecto de desarrollo del talento humano por parte del ministerio de Salud, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Desafortunadamente, no convocaron a los gremios del sector Salud, que conocen y sufren la problemática por la que atraviesan, lo que resta trascendencia a la intención del Gobierno.

Como es costumbre en el país, que parece todavía consagrado del Sagrado Corazón, las leyes son diseñadas por técnicos y tecnócratas: quedan muy bonitas en el papel, pero no se ajustan ni resuelven los problemas de millones de colombianos.

Quiero traer a colación que Colombia ha firmado varios pactos internacionales que consideran que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud; entre ellos la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas; condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 23 expresa el derecho a la elección libre de un trabajo en condiciones equitativas, de un nivel de vida adecuado que le asegure al trabajador y su familia progreso social para elevar la calidad de vida. En el Protocolo de San Salvador, los Estados Americanos se comprometieron a cumplir con cinco obligaciones entre las que está, adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente su plena efectividad.

Aunque Colombia firmó estos acuerdos, la realidad que tenemos es que los trabajadores de la salud han perdido garantías laborales. En el afán por disminuir los costos de la red pública, desaparecieron los contratos a término indefinido con prestaciones sociales incluidas y aparecieron los contratos por medio de cooperativas y las órdenes por prestación de servicios que además de ser ilegales, han llevado al detrimento laboral y han ocasionado un daño colateral inmensurable en la calidad de la atención.

El Gobierno (y mejor, el Estado), está en mora y tiene la deuda de cumplir con los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional para garantizar la progresión de este derecho humano. Hoy los médicos pedimos que se aplique la Ley Estatutaria y se respete la autonomía para poder dignificar el ejercicio de la medicina.