GUILLERMO MEJÍA MEJÍA (Expresidente CNE)
¿Es posible un fraude electoral masivo en Colombia?
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Claro que es posible, y en estas pasadas elecciones del 9 de marzo hubo fraude electoral masivo con la compra de votos en regiones en donde, sin investigación previa, con el solo estudio de las estadísticas electorales de elecciones anteriores, aparecen, de bulto, candidatos duplicando y triplicando votaciones.--
En otras épocas, el fraude masivo lo imponían los paramilitares con las armas, obligando a los ciudadanos inermes, de regiones enteras, a votar por determinados candidatos; fraude acreditado en sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En Barranquilla ha sido probada, por investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la retención masiva de cédulas que se entregaban el día de las elecciones a electores inscritos en determinados barrios, con el fin de controlar al votante. Lo grave es que todo el mundo conoce a los autores intelectuales de este fraude masivo. En el año 2006, el expediente, con la plena prueba de esa trampa, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y nada pasó. Y en días previos a estas últimas elecciones, el CNE también anuló un número grande de inscripciones fraudulentas.
(…) “No es la primera vez que este escándalo sucede en el Atlántico, lo que para la MOE es un lamentable episodio de la clase política local que se ha convertido en un referente nacional de irregularidades y delitos electorales. En las elecciones de Congreso del 2010 se anularon más de 190.000 inscripciones; en las de 2006 tumbaron más de 18.000 y en las de 2003 el CNE revocó la zonificación de más de 215.00 personas”, se lee en El Heraldo (18-02-14).
Pero los fraudes anteriores, que además están tipificados como delitos, son ajenos a la organización electoral: CNE y Registraduría Nacional. Esta última entidad ha hecho grandes esfuerzos en la modernización de todo el proceso electoral que comprende la inscripción de la cédula, el calendario, el diseño e impresión de millones de tarjetas, la identificación biométrica del votante, la designación y preparación de los jurados mediante miles de cartillas didácticas, la distribución en todo el país de mesas, cubículos y kits electorales y la información oportuna mediante los boletines que se expiden sobre los resultados de las elecciones que en general son muy aceptables.
Y aquí es donde comienza la mala información a los interesados en los resultados que les hace creer que estos son definitivos. Esta información no tiene ninguna validez jurídica como lo ha reiterado el Consejo de Estado, y puede contener errores de transmisión pero que de todas maneras es valiosa porque constituye una primera orientación a la ciudadanía en materia de conclusiones electorales. Lo peor que le puede pasar a una organización electoral, de cualquier país, es que se demoren los boletines informativos o peor, que no existan. La desconfianza y las consejas aparecen de inmediato. Pero de ahí a afirmar que la Registraduría propició un fraude en más de siete mil mesas es una verdadera irresponsabilidad. Ello equivale a concertar para el delito a 42.000 jurados (seis por cada mesa), y que además se comprometan a guardar el secreto. Afirmar que porque falló el fluido eléctrico en un área determinada, durante el escrutinio de mesa, se cambiaron sigilosamente los resultados es desconocer por completo el mecanismo. Ese fraude sí que sería imposible de cometer, pues, si los testigos electorales del grupo que lo denuncia estuvieron a oscuras durante el apagón, ¿cómo hicieron, entonces, los jurados para hacer el cambiazo si también estaban en tinieblas?
Los testigos electorales designados por los partidos son los encargados de vigilar que el número de votos físicos obtenidos por cada agrupación política sean los mismos que aparezcan en el formulario E-14. Este formulario, una vez firmado por los jurados, se publica en la página web de la Registraduría y ya no es posible manipularlo como en épocas anteriores. A partir del escrutinio de mesa, comienza de inmediato la labor de las comisiones escrutadoras auxiliares y municipales, integradas por jueces y notarios, personal altamente calificado y experimentado, totalmente ajeno a la organización electoral, y una vez éste termina, se inicia el escrutinio departamental que realizan los delegados del CNE, personas, en su mayoría exmagistrados, así mismo calificadas en materia electoral. En todas estas etapas se encuentran presentes los testigos electorales. ¿En dónde, entonces, está el fraude que propicia la organización electoral?
¿Errores?… claro que existen, pero para eso precisamente son los escrutinios en todas sus etapas: para enmendarlos.
Recuérdese que los mismos actores políticos denunciaron al registrador en el año 2009 por el tema del certificado que exige la ley 134/94, cuando se tramitaba el fracasado referendo reeleccionista.
Es verdad que el sistema electoral colombiano tiene muchas falencias, para mí las más protuberantes son el origen de la elección de los miembros del CNE en el Congreso Nacional y la falta de un código moderno que esté de acuerdo con la Constitución del 1991. Pero de ahí a afirmar que existen fraudes monstruosos como los insinuados, hay mucha distancia y demasiada insidia.
