Conflicto de intereses:

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria debería declararse impedido para tramitar ante el Congreso la reforma a la salud. Cuando fue nombrado, ejercía como miembro de la junta directiva del Bancolombia, del Sindicato Antioquioqueño, poderoso grupo con negocios de seguros. Y  su esposa era además, vicepresidenta de Fasecolda.

Vamos a ver.

La reforma a la salud que cursa en el Congreso podría considerarse fuera de lugar si se tiene en cuenta que al mismo tiempo avanza en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley estatutaria que define la salud en Colombia como un derecho de los ciudadanos y no un negocio de las empresas.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Saúl Franco, considera que el gobierno debe parar el trámite de la reforma a la salud, mientras se define cuáles van a ser los alcances del derecho a la salud y cómo va el Estado a garantizar esos derechos.

“Eso es lo esencial: definir que la salud es un derecho y no un negocio; que el Estado es el garante de este derecho; que la salud no es solo atender  sino prevenir el riesgo de enfermedades complejas, crear climas saludables, etc. Si no establecemos primero estos principios, la reforma a la salud que se tramite en el Congreso viene a ser como levantar un edificio sin bases”.

La federación estimó, por otra parte, que la reforma en trámite solo es de forma y no de fondo. Las EPS pasan a ser “Entidades Gestoras de Salud” (EGS) a las que, eso sí, se las da la posibilidad de ser juez y parte en las decisiones sobre asignación de recursos.

El presidente de la Federación considera necesario que la reforma salga del Congreso a la calle y se debata en las universidades, colegios y escuelas; en todos los espacios propios de la sociedad civil y organizaciones comunales porque “los grandes medios de comunicación solo están dando publicidad a las propuestas del gobierno”.