EN LOS ZAPATOS DE SANTOS

EN LOS ZAPATOS DE SANTOS
Crónica de una objeción impopular
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RED-GES
(Director: Octavio Quintero)
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Referencia: Aporte a salud de los pensionados
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No debe haber colombiano raso que sea capaz de meter las manos al fuego por la sinceridad del presidente Santos: todos a una le tienen por incumplido: los pensionados, los trabajadores activos, los estudiantes, los maestros, los transportadores, los agricultores, los taxistas, las madres comunitarias y, últimamente, las Farc-Ep, para cerrar una larga lista que seguramente deja por fuera a más de los que incluye.
 
La más baja imagen pública de presidente alguno en Colombia en los últimos años (12%, según diversas encuestas), no es gratis. Enfrascado en su obsesivo proceso de paz  (a la Santos), el Presidente prácticamente ha dejado correr los temas sociales más sensibles a su suerte: la salud, otro ejemplo. Y queriendo justificar su mala imagen, ha salido con la excusa peregrina de que su manera de gobernar es “haciendo lo correcto y no lo popular”. O como andan diciendo últimamente sus ministros: “el Presidente no gobierna para las encuestas sino para la historia”.
 
Según este particular enunciado presidencial, todo lo popular es incorrecto y todo lo correcto es impopular. Eso, de ser cierto, deja como súmmum que el gobierno de Santos ha sido “correctísimo” porque es el Presidente de más alta impopularidad que se recuerde en tres generaciones de colombianos.
 
Prueba de fuego
 
En este escenario de “haciendo lo correcto y no lo popular”, cae el proyecto de ley que reduce del 12 al 4 por ciento el aporte de los pensionados a salud, al cabo de una ardua lucha agitada en las redes sociales por un quijotesco grupo que se hizo llamar “Red Virtual de Pensionados de Colombia (RVPC) que, inclusive, ensayó llevar su propio senador en las elecciones del 2014, con un fracaso electoral vergonzoso. Quizás, y después de este sicológico triunfo, las cosas sean a otro precio.
 
Pero al final, que es lo que cuenta, el mensaje del veterano periodista, Orlando Cadavid, a los pensionados, resume bien el proceso:
 
(…)
 
“Por lo pronto, hay un gran triunfo moral. Y un castigo evidente –también moral– al presidente Santos y a su ministro Cárdenas, que han dado muestras de indolencia humana e indiferencia social con este sector desprotegido”.
 
O como le sintetizamos al escritor y columnista de El Espectador, Gustavo Páez Escobar, a propósito de nuestro artículo titulado “Prueba de fuego de los pensionados a Santos”:
 
(…)
 
 “El poder del pueblo sigue siendo un  factor decisivo para alcanzar metas. Los pensionados lucharon este proyecto como se lucha una última gota de agua en el desierto”.
 
La batalla final
 
Lo bueno del proceso que ha despertado la conciencia de clase de los pensionados es que la clase popular frente al gobierno –este y todos—, ha aprendido que nada tiene ganado hasta que todo esté ganado.
 
En desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc-Ep, los colombianos supimos de una nueva modalidad legislativa que preferimos llamar bajo el neologismo “fast track” (vía rápida)… Y en desarrollo de este proyecto de los pensionados le encontramos su antípoda: “slow track” (vía lenta) porque, una vez superados los cuatro debates reglamentarios (dos en Cámara y dos en Senado), fue sometido a otro debate en conciliación y luego otros dos en plenarias nuevamente y, por si fuera poco, en la plenaria del Senado, gracias a una curiosa intervención de la senadora Claudia López y el senador Navarro Wolff, se votó dos veces tras superar cerca de 40 votaciones individuales de senadores que se consideraban impedidos por los más ridículos motivos, como que tenían un  pariente en cuarto grado que era pensionado; o como que él mismo pensaba pensionarse en el inmediato futuro.
 
Se ganó la etapa legislativa, pero se tiene la sensación, y bien fundada, de que se avecina una ardua lucha ante el ejecutivo, pese a lo que se les prometió en la campaña de reelección de Santos en el 2014 cuando dijo: (…) “Hay un proyecto de ley en el Congreso y yo voy a apoyarlo. Eso en plata blanca quiere decir que se aumenta el ingreso (…) Ustedes han sido las víctimas de un sistema lleno de dificultades, de burocracias, inclusive de corrupción”…
 
Y pese más, a lo que dijo también el candidato a vicepresidente, Germán Vargas Lleras, hoy puntero en las encuestas para las elecciones del 2018: (…) “No hay derecho, y no puede ser que cualquier trabajador colombiano esté cotizando en materia de salud el 4% y los jubilados el 12%. Los jubilados en Colombia no tienen ingresos diferentes, por lo que vamos a unificar el régimen para que los pensionados coticen en igualdad de condiciones a como lo hacen todos los trabajadores del país”.
 
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, o como dice el mismo presidente Santos: “Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”. Fiel a sus particulares dichos, el presidente, ya reelecto, mandó a su ministro de Hacienda a objetar fiscalmente el trámite del proyecto de ley 183 de 2014, que prometió apoyar, hasta que lo hundió en esa legislatura.
 
“Pensionados: se perdió una batalla pero no la guerra”, tituló en su momento el periódico El Satélite, instándolos a continuar la lucha que, precisamente, se reabrió en la legislatura siguiente gracias al representante del Polo, Alirio Uribe, que junto a otros parlamentarios, revivieron la iniciativa que, finalmente, superó una verdadera carrera de obstáculos encabezados por la insistencia del gobierno en comisiones y plenarias sobre la inconveniencia fiscal.
 
Inconveniencias de inconveniencias
 
Nada retrata mejor la subjetividad que envuelve toda acción humana, como el portentoso axioma de la ley Campoamor: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.
 
En este contexto, el Ministerio de Hacienda sostiene que resulta inconveniente, fiscalmente hablando, reducir del 12 al 4 por ciento el aporte de los pensionados a salud porque representa una nueva carga fiscal al Estado de 3,1 billones de pesos (último dato).
 
Pero, cuando este mismo gobierno exoneró a los empresarios de las contribuciones parafiscales al Sena, Bienestar Familiar y a la salud de sus trabajadores (ley 1607 de 2012 –reforma tributaria), bajo el prurito de generar empleo, ahí si no reparó que la gracia le costaba al Estado 13 billones de pesos anuales que alguien más deberá estar pagando, como por ejemplo, los pensionados con su carga a salud que es un monumento a la desigualdad e injusticia social.
 
Se puede discutir la eficiencia de la reforma tributaria del 2012 sobre la generación de empleo. De hecho, muchos y respectados analistas han puesto en evidencia su ineficacia en ese sentido. Pero nadie podrá discutir que la reducción de la cuota de salud a los pensionados se traducirá inmediatamente en un incremento a la demanda nacional porque, como lo dijo una pensionada al término del último debate en el Senado, “estamos ayudando a los hijos y sosteniendo a los nietos, porque en este país no hay empleo”.
 
¿Sabe el gobierno qué significa un incremento en la demanda interna?: incremento en la producción nacional y generación de empleo. ¿Esto es lo que le parece inconveniente? Si va objetar el proyecto por eso, taca burro…
 
Probablemente el gobierno acuda a la objeción por inconstitucionalidad… ya lo adelantó el viceministro de Hacienda cuando advierte que la contribución de los pensionados a la salud es un impuesto y, como tal, para modificarlo en el Congreso requería el aval del ejecutivo, en observancia a la regla del gasto público…
 
Será una linda oportunidad que se le presentará nuevamente a la Corte para reafirmar conceptos jurídicos ya avanzados en otras sentencias, la 490 de 1994, por ejemplo, en cuyo prólogo preceptúa:
 
(…)
 
"De la necesaria observancia del principio de legalidad en la fase de ejecución del presupuesto, no se deduce que el Congreso carezca, salvo las excepciones que expresamente señala la Constitución, de iniciativa propia para proponer y aprobar leyes que impliquen gasto público", (M.P. Eduardo Cifuentes).
 
Y una última observación a manera de interrogación: ¿Puede tomarse como iniciativa oficial el pronunciamiento de un Presidente en ejercicio en un acto público, reseñado por todos los medios de comunicación?
 
Juristas tiene la Corte Constitucional que sabrán responder…
 
De momento, podría esperarse que el presidente Santos, tan urgido de mejorar su imagen pública de cara al debate electoral que se avecina en donde su “guiño” podría ser fundamental para apuntalar un candidato presidencial enteramente comprometido con el proceso de paz en marcha, no quiera enfrentar tamaño reto social de objetar la ley de pensionados. Al fin y al cabo él mismo es dueño de su propia frase:
 

“Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”.

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Fin de folio.- A propósito, Sigmund Freud en frases: “Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla”.