BIEN POR CLARA LÓPEZ; MAL POR LA MINISTRA

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Opinión GES

Octavio Quintero

Director

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¿Quién puede censurar a la ministra de Trabajo, Clara López, por su denodada dedicación a socializar desde ese Ministerio los acuerdos de paz con las Farc-Ep? Después del presidente Santos, puede decirse que es la segunda persona de mayor rango público dedicada a ese loable propósito nacional.

Pero resulta que nadie puede justificar su falta de eficiencia en lo que debe hacer bien, haciéndolo bien en otros frentes que no son directamente de su competencia. Ese permanente discurso que se jala en pro de los acuerdos de La Habana en cuanta reunión preside o se fabrica, debe dejárselo en primera instancia al Presidente y, en segundo orden, al ministro del posconflicto, Rafael Pardo… Y dedicarse, en primer orden, a buscar la paz social entre las empresas y los trabajadores que es su responsabilidad misional.

Por ejemplo, ¿cuál ha sido su aporte a la lucha de los pensionados por lograr finalmente la reducción de la injusta carga que se les aplica en su aporte a salud, al tener que responder por el 8 por ciento de los patronos y el 4 por ciento de los trabajadores activos, sin ser lo uno ni lo otro? ¿Y cuál su aporte al restablecimiento de las horas nocturnas que les fueron cercenadas a los trabajadores en el gobierno de Uribe al extender el día laboral de 6:00 am a 10:00 pm? ¿Cuál la gestión que debe impulsar su Ministerio para consolidar el grupo de inspectores laborales, creado hace cinco años con el fin de asumir el poder preferente de las querellas o quejas donde se vieran amenazados los intereses de los trabajadores?

Ninguno: en el caso de los pensionados se limitó a hacer más radical un concepto dejado por su antecesor que proponía una reducción de ese aporte a salud, empezando desde dos salarios mínimos, y ella lo bajó a uno; en el caso de las horas nocturnas, también se dejó capar dos horas al aprobar recientemente la Comisión Séptima del Senado el restablecimiento de 8:00 pm a 10:00pm y no desde las 6:00 de la tarde que era y es lo normal; y, en el caso de los inspectores laborales especiales, han sido abandonados a su suerte sin presupuesto para desempeñar sus funciones.

Pero estos ejemplos puntuales, siendo emblemáticos, no son lo más importante frente a la lucha gorda que se tiene aplazada contra la tercerización laboral, esa forma de contratación de personal, considerada nacional e internacionalmente ilegal, que se idearon los empresarios y el gobierno para suplir necesidades sobrevinientes de trabajo, que aquí en Colombia se ha vuelto la regla y no la excepción. Inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional, que tampoco la ministra Clara debe conocer –la C-614 del 209—, que ordena al Estado vincular con contrato laboral indefinido a todos los funcionarios públicos que desarrollen funciones permanentes y no ocasionales.

El nefasto sistema es aplicado tanto en el sector público como en el privado. En este campo: ¿qué ha hecho la Ministra por lograr la derogación del decreto 583 del 2016, un regalo del ministro Lucho a los empresarios, institucionalizando prácticamente la tercerización laboral? Nada tampoco.

 Y ni siquiera en el sector público del orden nacional, departamental o municipal se ha podido controlar la tercerización laboral. Vaya alguien a ver cuántos son los empleados de la Fiscalía contratados a través de “Órdenes de Prestación de Servicios”, las famosas OPS; o vaya y mire los trabajadores OPS de Bogotá, por poner solo un par de ejemplos.

¿Sabe la ministra de la existencia de la circular 006 del 23 de noviembre del 2011, suscrita por el entonces ministro Rafael Pardo, conjuntamente con la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Elizabeth Rodríguez, pidiéndoles a todas las entidades públicas una relación detallada de sus nóminas con el fin de ver hasta dónde se ha profundizado la modalidad ilegal de OPS?

Esa circular, que cualquiera puede obtener de Internet, concedía un plazo hasta el 15 de diciembre del 2011, para que las entidades destinatarias suministraran la información requerida por el Ministerio del Trabajo y el DAFP. ¿Le llegó esa información, ministra? ¿Dónde está y que se ha hecho al respecto? O solo fue un saludo a la bandera (otro más) como tantos que se hacen para fabricar noticias positivas en los medios de comunicación.

Ciertamente el Ministerio del Trabajo tiene una función estratégica en la consolidación de la paz en Colombia; y más importante que la paz entre el Estado y las Farc, es la paz con justicia social entre el Estado y los trabajadores porque, entre otras cosas, es de la falta de esa paz social que devienen los conflictos armados: Los guerrilleros son 5.000 –a lo sumo, 6.000--; y los trabajadores son entre 20 y 25 millones de personas.

El discurso por la paz con las Farc es atractivamente mediático en virtud de la mermelada que corre por los canales de la publicidad oficial. ¿Es a eso que le apuesta Ministra? Entonces, usted está en el lugar equivocado; y los colombianos que alguna vez abrigaron esperanzas de cambio con usted, también quedaron engañados.

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Fin de folio.- Tengo un dicho que repito ahora: para cuando el gobierno haya logrado la paz con los que hoy están alzados en armas, ya habrá prendido otra guerra con los que hoy estamos en paz.