NO ELIJA MÁS LADRONES (recomendado)

Envía: REDGES

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Desde hace más de 15 años se ha documentado, probado y comprobado que en Colombia hay una alianza estable entre un grupo de personas que desarrollan su actividad política o económica legalmente y un grupo de delincuentes dedicados al narcotráfico y el paramilitarismo.

Esta alianza de empresarios y políticos corruptos con mafiosos y asesinos ha corrompido a jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales. Incluso, ha logrado “colocar” en el poder judicial a hombres y mujeres que hacen parte de esa alianza criminal.

No otra cosa es el ya famoso y medio olvidado ‘cartel de la toga’. De él hacían y hacen parte fiscales, jueces y magistrados que toman decisiones judiciales ilegales que favorecen a hombres y mujeres con muchísimo poder económico o político. En ese cartel también participan funcionarios de menor rango que, a cambio de coimas, hacían y hacen arreglos para que ciertos expedientes sean conocidos por esos administradores de justicia venales que garantizan un resultado en favor del político o empresario delincuente que paga por el fallo.

En las regiones, una vez logran convertirse en alcaldes, concejales, gobernadores o diputados, consolidan su poder combinando corrupción y terror.

De esa especie de carrusel de la corrupción judicial, también participan personas que han sido bandidas desde antes de convertirse en funcionarios públicos. De hecho, ellos obtienen el puesto gracias al clientelismo que en su favor ejercen los empresarios y políticos corruptos que hacen parte de la trama. Y ejercen los deberes que el cargo les impone con el único fin de salvaguardar los intereses de quien o quienes han hecho los contactos y han pedido que sean nombrados en el correspondiente cargo.

La manera en que opera la alianza criminal se puede graficar mediante esta frase de uno de ellos: ‘tú me los presentas y les pides que me den el puesto, ellos me nombran, y yo delinco para todos’.

Esto explica por qué tuvimos un fiscal anticorrupción que es comprobadamente corrupto y corruptor. Una fiscal que no es abogada, unos jueces y magistrados que venden fallos y sentencias, siempre a favor del mismo tipo de delincuentes: ricos, poderosos y articulados militar, política o económicamente a los grupos paramilitares.

Pero aclaremos: esa maquinaria aún no ha logrado tomarse plenamente el poder judicial. Todavía hay funcionarios judiciales comprometidos en capturar la Rama Judicial en favor de la tantas veces mencionada alianza criminal.

Esa misma alianza entre delincuentes ha tomado el poder en varios municipios y departamentos e intenta apoderarse del parlamento y del Poder Ejecutivo, tal como lo hace con el judicial, mediante la corrupción.

En las regiones, una vez logran convertirse en alcaldes, concejales, gobernadores o diputados, consolidan su poder combinando corrupción y terror. Toman el presupuesto municipal o departamental como si fuera su billetera personal y reparten favores, puestos y contratos. Quienes se les oponen son perseguidos judicial o extrajudicialmente, y no pocas veces tienen que huir del territorio so pena de ser asesinados.

En el Ejecutivo y en el Legislativo, miembros de la alianza criminal ocupan cargos –o han pretendido ocupar cargos– de dirección y de responsabilidad gracias a las maquinaciones, al intercambio de prebendas y a los acuerdos interpartidistas.
Usted puede oírlos repetir, repetir y repetir lo que dice su líder. Es él quien toma las decisiones. Es él quien da el discurso y crea la coartada que los otros deben reiterar para seguir delinquiendo en la más total impunidad.

Repetir lo que dice el caudillo también les sirve para mostrar, sin vergüenza ni pudor, que hacen parte de la alianza criminal y para quedarse en el cargo respectivo. Porque la alianza y su caudillo se han adueñado de esos puestos. Gobierne quien gobierne, ellos son los dueños de los puestos.

Parece que la delincuencia organizada ha dictado una orden de captura en contra del Estado colombiano. Y la están ejecutando