"EL RÍO QUE SE ROBARON"

El Satélite/Octavio Quintero

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El presidente Santos, de visita a las comunidades wayuu en la Guajira para conocer de cerca la difícil situación que padecen los indígenas, cuyos niños y ancianos se están muriendo de hambre y sed, se lava las manos  en uno de los dos pozos de agua que entregó al servicio de la población.

El aplauso de su séquito fue sonoro, y claro, se oyó y vio en todo el país, de la mano de los medios de comunicación que le siguen los pasos, nacional e internacionalmente, a cuenta del erario público.

“Aquí me van a ver tantas veces (como) sea necesario, y van a ver a ministros y altos funcionarios haciendo gestión y dando resultados”, dijo, ufanándose de ser el gobierno “que ha invertido como nunca antes en esta región”.

Si lo dijo por esos dos pozos de agua, la pregunta de rigor sería: ¿Cuántos más pozos como éste tendrá que entregar el Presidente a los wayuu para resarcirlos del río `Rancherías´ que se robaron las multinacionales mineras de carbón y los agro empresarios?...

El gobierno habla de 98: ¿será que 98 aljibes reemplazan un río en cantidad de agua y cubrimiento territorial? ¿Y por qué tiene el Estado (es decir, todos nosotros) correr con los costos y mantenimiento permanente de 98 pozos, cuando lo más simple sería devolver el agua represada del Ranchería a su cauce natural?

Tenemos la respuesta: a todos los colombianos nos toca pagar ahora el agua potable a que tienen legítimo derecho los habitantes de la Guajira porque el gobierno nacional ha decido privatizar un artería fluvial en beneficio exclusivo de las multinacionales mineras y los grandes cultivadores. 

Vea el tráiler del documental del periodista Gonzalo Guillén sobre

EL RÍO QUE SE ROBARON

Lavatorio de manos

Tal vez nunca nadie, fuera de Pilatos, se había lavado las manos tan cínicamente como Santos, pues, fue en los inicios de su primer gobierno (noviembre del 2010), que se puso en marcha el proyecto multipropósito del río Ranchería para abastecer cultivos de arroz, palma y minería, dejando sin agua a miles de indígenas que están muriendo de sed, como se advirtió desde entonces.

Pero, podría decir el presidente Santos que “el pecado original de todo lo que ha sucedido, se presentó en el gobierno anterior, no tiene nada que ver con mi gobierno”, como dijo en relación al multimillonario robo en Reficar…

Sí y no, como dicen los pragmáticos. Al momento de iniciar operaciones la represa de Rancherías tenía cuatro propósitos básicos: abastecimiento de agua para los acueductos de nueve municipios de La Guajira (Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesar); generación de energía; suministro de riego para los proyectos agropecuarios de la ranchería y de agua para el distrito de San Juan del Cesar.

Cinco años después, las aguas del Ranchería se han privatizado para uso exclusivo del Cerrejón y los empresarios agroindustriales, y en consecuencia, el impacto de la sequía en la media Guajira pinta un cuadro desolador en las nueve poblaciones mencionadas.

Esta situación llevó a la comunidad Wayuu a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obligar al Estado colombiano a que les garantice su acceso al agua.

Entre los argumentos de su petición, presentada por la abogada Carolina Sáchica con el apoyo del líder wayuu, Javier Rojas Uriana, se dice que la muerte de los niños de las comunidades wayuu en la Guajira, obedece a que el río Ranchería, que regalaba el agua a las comunidades, fue devorado por las multinacionales mineras de carbón y por los grandes cultivadores dejando a la comunidad indígena sin el preciado líquido… Y presentaron como prueba reina de su denuncia el documental del periodista Guillén, atrás enlazado.

El 15 de diciembre del año pasado, la CIDH cauteló los derechos de los wayuu y ordenó al Estado colombiano intervenir para salvar la vida de los menores y los ancianos guajiros que siguen muriendo por desnutrición y sed.

“Aquí hay un gobierno que está con los wayuu, que está con los guajiros”, dijo en el mismo acto de entrega del pozo de agua el Presidente…

¡Mentira!, podría decírsele, a la luz de las acciones que emprendió su gobierno el 30 de diciembre (15 días después), ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos al pedir que se cancelen las medidas cautelares interpuestas por la CIDH.

Es una vergüenza nacional e internacional que la Comisión le haya tenido que ordenar al gobierno colombiano que se apersonara del drama humano de los wayuu, y en general de todos los guajiros; y es una doble vergüenza que el mismo gobierno le haya pedido a la Comisión que le levantara la obligación humanitaria…

Y constituye una triple vergüenza que la CIDH  haya tenido que insistir en su medida cautelar al negar la petición del gobierno colombiano, reiterando que se trata de una situación grave y de urgencia y de nuevo le ordenó adelantar acciones para atender con urgencia a la población.

En esta nueva oportunidad, la CIDH le indica al gobierno que debe asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y las enfermedades prevenibles o evitables.

Además, debe tomar medidas que aseguren que las comunidades puedan acceder al agua potable, saludable y de manera continua. De igual forma, el Estado debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan alimentos de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, y debe identificarlos y atenderlos de forma inmediata.

Es en este contexto que el presidente Santos acude a la Guajira a lavarse las manos en uno de los 98 pozos que dice pondrá en marcha para reponerle el río Rancherías a los guajiros.

Y ya que se trata de alegorías cristianas en este “lavatorio de manos”, cerremos esta doliente página con la primera palabra que pronuncia Jesús en la cruz, y que con frecuencia cito a mi manera: perdónalos Señor, porque sí saben lo que hacen…