Edición/Grupo Editorial El Satélite

Director/Octavio Quintero

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En el Estado de derecho existe una separación entre sociedad y Estado, de modo que hay una esfera de la actividad social donde el Estado no puede penetrar, y si lo hace arbitrariamente, existen mecanismos jurídicos para expulsarlo y restablecer la libertad de los miembros de la sociedad civil.

Por ejemplo, la esfera de las relaciones afectivas hace parte de la libertad de los miembros de la sociedad civil, y en ejercicio de esa libertad, uno decide si se casa o convive con una pareja de raza, color o religión distinta; económica, social y políticamente igual o diferente, etcétera.

Podemos definir el concepto de sociedad civil como la diversidad de personas que con categoría de individuos o ciudadanos, particularmente o de manera colectiva, actúan para adoptar decisiones que les interesan como individuos o sociedad en el ámbito público. Este concepto presupone que se trata de personas que se hallan fuera de las estructuras gubernamentales. Si la sociedad civil está por definición por fuera del gobierno, no puede ser responsable de los crímenes y de la violación masiva de derechos por parte del Estado, y mucho menos puede aceptar que se le haga responsable de ellos, ni por acción ni por omisión. Los responsables son quienes los cometieron como autores, así como sus cómplices y los determinadores.

Mienten, entonces, quienes sostienen que todos hemos sido responsables de esos crímenes y esas violaciones de derechos humanos; y no sólo mienten, sino que persiguen una finalidad perversa: la impunidad de los verdaderos responsables, montando dentro de los acuerdos de La Habana una especie de intercambio de impunidades (tú me absuelves-yo te absuelvo), a costa de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición, que forman una unidad inescindible sobre lo cual,  vuelven a mentir cuando afirman, como lo hace el propio presidente Santos, que las víctimas sólo quieren saber dónde están los restos de sus familiares asesinados.

¡Claro que quieren saber eso! Pero también quieren saber quiénes fueron los autores, sus cómplices y determinadores de esos asesinatos; las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron; quieren que el Estado cumpla con su obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables; las victimas quieren reparación moral y material; que se guarde la memoria de estos hechos;  que se le den garantías de que no se repetirán en el futuro, depurando las instituciones de las personas que los cometieron, tanto en las fuerzas armadas como en la burocracia estatal, etcétera. Las víctimas de la sociedad civil quieren todos estos derechos, que son inescindibles, y así lo reclaman.

Cosa distinta es que el Estado y sus gobernantes que los han violado, no quieran dárselos. Y en vez de aceptar que no quieren reconocerles estos derechos a las víctimas, se encubren con la mentira de que las víctimas no los piden, o lo que es peor, estigmatizándolos como imbéciles, estúpidos o idiotas que dicen que no los quieren cuando, en realidad, lo que están diciendo es que los quieren completos, no medios derechos o fracciones de los mismos.

A otro perro con ese hueso

Como miembros de la sociedad civil, sólo somos responsables, jurídica y éticamente, de lo que hayamos hecho individualmente; no de los crímenes ni de las violaciones de derechos que hayan cometido otros. Rechazamos esa responsabilidad y no la aceptamos bajo ningún supuesto ni condición. Si la sociedad civil, como tal, no ha asesinado, secuestrado, torturado, robado ni violado, no puede ser responsable de sus crímenes.

Como rechazamos y repudiamos que los victimarios del Estado y de las Farc, que fueron los que pactaron en La Habana, sin participación real de la social civil, a costa de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, quieran ahora hacernos responsables del fracaso de lo que pactaron en caso de que no votemos SÍ. Si hicieron la guerra contra nuestra voluntad; si pactaron en La Habana lo que quisieron y como les dio la gana, no pueden culpar a la sociedad civil si esos acuerdos no son aprobados en el plebiscito que ellos aprobaron, contra la voluntad de buena parte de la sociedad civil que quería una constituyente democrática. Como repudiamos y rechazamos que se vaya a culpar a la sociedad civil del incumplimiento que de los mismos acuerdos puedan presentarse del lado del Gobierno o de las Farc en desarrollo del llamado posconflicto.

La sociedad civil no es responsables de la guerra, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de ella; de la falta de justicia social en los acuerdos de La Habana, del plebiscito o de su rechazo; o del incumplimiento que pueden hacer ambas partes de esos acuerdos: categóricamente rechazamos y repudiamos esa responsabilidad y esa culpa. Como lo hacemos igualmente, si gana Uribe o si gana Santos, que para nosotros son lo mismo: igualmente violadores de los derechos del pueblo, defensores del mismo modelo económico injusto, e igualmente comprometidos en una guerra sin cuartel, contra la salud, la educación, el trabajo; pues ambos tienen un pueblo hambriento, para traficar con su necesidad.

No más revictimización

Sorprende el uso instrumental y ‘cosificador’ que vienen haciendo, tanto los promotores del sí como del no, respecto de lo más íntimo e individual que pueden tener las víctimas: su sensibilidad ante el perdón. Todas las víctimas tienen el derecho a perdonar o a NO perdonar; a perdonar pronto, tarde o nunca; a sentir y decir que perdonan y que no olvidan, o a sentir y decir que NI perdonan NI olvidan… No podemos obligarlas a perdonar. Respetemos a las víctimas ¡No más chantaje moral diciéndoles que si no perdonan, y no votan por el sí, son enemigas de la paz! ¡No más revictimización de las víctimas!

El perdón o el no perdón, jurídica, psicológica y moralmente, es por esencia un acto individual; y nadie tiene el derecho, en un Estado de derecho, a forzarlo, ni siquiera con el argumento de que eso le hace bien a las víctimas, ya que el Estado jamás tiene la misión de imponer un modelo de vida, un prototipo de persona… Por el contrario, con fundamento en el artículo 16 de nuestra constitución, que consagra el derecho para todas las personas al libre desarrollo de su personalidad, es tan legítimo no perdonar como perdonar.

Cosa completamente distinta es la obligación que tienen todos los estados, incluido el colombiano de investigar, procesar y sancionar a los violadores de derechos de las víctimas y que se traduce en cuatro obligaciones fundamentales: (1) Medidas para prevenir las violaciones de los derechos humanos; (2) Investigaciones serias de los autores y cómplices de violaciones; (3) Sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones y, (4) Garantizar la reparación de las víctimas.

En síntesis

Los miembros de la sociedad civil, víctimas de la violación masiva de nuestros derechos, por parte del Estado y de las Farc, y de algunos de los que defienden el no y defienden el sí en el plebiscito, les decimos que no somos responsables ni jurídica ni moralmente de sus crímenes; que no vamos a dejar que nos trasladen esa responsabilidad, ¡que respeten nuestro dolor! Que no nos hagan terror psicológico por los medios masivos de comunicación, violentando nuestra conciencia, para obtener un perdón forzado; que no aceptamos mas su chantaje moral frente a actos de dolor que son individualmente nuestros, que eso es completamente distinto a la obligación, esa sí del Estado, de investigar, procesar y castigar a los violadores de nuestros derechos. Que ya hemos tenido experiencias, pasadas y recientes con otros violadores de nuestros derechos, como fue el caso del paramilitarismo, donde nos plantearon dilemas similares (entre sí y el no), de otra cesación parcial de un conflicto armado, que querían también presentarnos con una fementida paz; donde también querían obligarnos a perdonar; donde los que nos hicieron la guerra querían convencernos de que nos regalaban la paz; donde los victimarios querían presentarse como víctimas; donde el Estado quiso justificar lo injustificable: la guerra contra la sociedad civil; donde querían presentarnos los intereses de los victimarios como el interés común de las víctimas; donde tampoco, como ahora, las víctimas tuvieron derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición.

Si en el pasado reciente, los miembros de la sociedad civil fuimos capaces de resistir todas esas presiones y desbaratar todos esos argumentos, seremos capaces de volver a hacerlo ahora… Y por esa misma razón, no votaremos en este plebiscito del 02 de octubre, ni por el no de Uribe ni por el sí de Santos, sino por una constituyente con derechos.

Lo único que orgullosamente aceptamos y seremos responsables, si gana el voto por la constituyente, es de haber derrotado, por igual, a la guerra contra los derechos que nos han negado tanto Uribe como Santos y, en consecuencia, también seremos diligentemente responsables de pedir la renuncia del Presidente, la constitución de un gobierno provisional y la convocatoria inmediata de una asamblea constituyente democrática, con representación mayoritaria de la sociedad civil.