De tiempo atrás he señalado que la economía colombiana enfrenta serias deficiencias estructurales que crean dudas sobre su desempeño futuro

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Eduardo Sarmiento (su columna en El Espectador)

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En la actualidad adquiere la forma de desbalance fiscal, cuantiosos déficit en cuenta corriente, reducido crecimiento del empleo y estancamiento de la industria y la agricultura. Estas condiciones han sido ocultadas por razones políticas y gradualmente han salido al debate público.

La sorpresa reciente fue el anuncio del regreso del impuesto al patrimonio y su duplicación. Tras haber negado el fracaso de la reforma tributaria durante dos años, el ministro de Hacienda reconoció un faltante de $12 billones y en los últimos días apareció con una propuesta draconiana que revela que es mucho mayor. El sol no puede taparse con las manos. En las cifras se observa que el recaudo por concepto de la renta cayó en forma drástica con respecto a la tendencia y apenas se contrarrestó parcialmente con el impuesto a las ventas.

La verdad es que la baja de los impuestos al capital no se compensó con los mayores gravámenes al trabajo. En lugar de reconocer el error y elevar las tarifas del impuesto a la renta, el Gobierno plantea extender el gravamen al patrimonio con claros propósitos fiscalistas, es decir, de incrementar los recaudos. Esa tarea la cumple mucho mejor el impuesto a la renta. El gravamen al patrimonio, al aplicarse a un factor de producción altamente elástico, está expuesto a toda clase de formas de elusión y traslado. Los inversionistas movilizan los activos al exterior y las empresas trasladan el costo al trabajo mediante los ajustes salariales y alzas de precios.

El impuesto al patrimonio, por tratarse de un tributo al ahorro, no puede dejarse a la deriva. Si los recaudos se destinan al consumo o la inversión de baja productividad, como los subsidios a las concesiones viales, el pago de las pensiones de los altos funcionarios del Estado, el gasto militar y la mermelada, el ahorro se despilfarra y la economía se descapitaliza. El potencial de producción y empleo bien remunerado decae.

La actitud actual no es nueva. Las reformas tributarias de los últimos 20 años han sido motivadas por las angustias fiscales. En aras de aumentar el recaudo, se configuró una estructura concentrada en los gravámenes a las rentas del trabajo y los impuestos a las ventas (IVA), que son los más fáciles de cobrar. Ahora se repite la historia con el patrimonio empleándolo para cubrir el hueco fiscal y extenderlo en forma forzada a los grupos medios.

No sobra recordar que esta excesiva prioridad al recaudo terminó en una estructura fiscal con baja capacidad distributiva. No evita que el retorno del capital supere con creces el aumento de los ingresos laborales, que el 40% de la población obtenga el 12% del ingreso y que el país exhiba uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo.

Es hora de que la sociedad colombiana les exija a los gobiernos más seriedad en el manejo tributario. El tema no puede abordarse con reformas tributarias improvisadas, predicciones efectistas y anuncios políticos. El resultado ha sido una estructura que atiende las necesidades fiscales sin mayor impacto sobre la equidad.

El impuesto al capital no debe ser un dispositivo para llenar huecos fiscales, sino parte de una gran estrategia para efectuar transferencias globales de los sectores altos a los pobres. Como mínimo, tendría que garantizar que los recaudos se destinen a inversiones productivas, evitar las fugas de capitales e impedir el traslado de la carga tributaria al salario. Sólo en este contexto se puede esperar que redunde en la ampliación de la participación del trabajo, la elevación del ingreso del 40% más pobre y la mejoría de la distribución del ingreso.