EL CAMINO DE LA PAZ
El camino de la paz
Hemos subido el tema del conflicto armado al primer lugar de las prioridades del país y, por ende, el proceso de paz lo estamos refiriendo solo al fin de ese conflicto armado, es decir, al fin del enfrentamiento entre los combatientes cuando, en términos de que su resolución, per se, no implica la superación de la problemática medular de la sociedad colombiana que debe plantearse al menos, de entrada, cuatro preguntas:
"¿Quién es el enemigo? (el narcotráfico)
¿Cuáles son los factores objetivos y subjetivos del conflicto?
¿Cómo sería la 'victoria'? (militar o diálogo, o una combinación)
¿Y cómo se mantendrá ganada la paz?" (esto es lo esencial hoy)
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Yo creo que es hora de que aceptemos que, si todos queremos la paz, y no la hemos podido conseguir, es porque la estamos buscando mal. Por ejemplo, en cuestiones sociales, no se encuentra la mismo cuando se busca de arriba-abajo que cuando se busca de abajo-arriba. Aquí el orden de los factores, sí altera el producto. Porque, y lo he dicho y repetido en numerosos editoriales, cuando los de arriba alcancen la paz, ya estaremos en guerra los que hoy estamos en paz. En cambio, si la paz se empieza a irradiar de abajo arriba, lo que se va formando es una masa crítica de paz perpetua.
Por supuesto, esto es fácil decirlo como difícil ejecutarlo porque, ¿dónde están los de arriba que quieran empezar por abajo? o, ¿dónde están los de abajo que puedan sobrevivir a la aventura de construir paz en un escenario de guerra venido desde arriba?
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Toda guerra o conflicto armado tiene dos victorias:
Una, obvio, es 'ganar la guerra', que no solo viene dada por (A) los resultados militares favorables en el teatro de los acontecimientos sino, (B) y mejor, por la vía del diálogo que deja, en tal caso, dos ganadores, o como se dice en gerencia estratégica, un gana-gana.
La otra victoria, fase en la que transitamos ahora en Colombia, es ganar la paz. Es decir, generar 'una transición' que permita la reconciliación social.
En esta fase, la verdad es esencial…
Como decía Jesús a los judíos de su tiempo “la verdad os hará libres”, afirmación que llevaría más a tarde ante Pilatos al responderle si era rey: “Tú dices que yo soy rey… y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a la verdad” … Entonces Pilatos le pregunta: “¿Qué es la verdad?” … Lamentablemente, como en las sagas de hoy, estamos esperando la siguiente temporada a ver qué responde Jesús.
Como no se trata de seguir el hilo metafísico de Jesús, aquí entre nos, en la tierra, digamos que la verdad, en términos de paz, que es lo que nos congrega hoy; o sea, la verdadera paz, son los consiguientes acuerdos políticos, económicos y sociales que se deben precisar entre los excombatientes, bien sea que la victoria haya devenido de A o B para evitar en el futuro recaer en los objetivos que generó el conflicto.
Es decir, lo que debemos precisar en estos momentos es el qué nos llevó a la guerra y el cómo podemos superar esos objetivos de manera sostenida y sustentable, como el trazo que se hace también en la planeación estratégica del desarrollo económico.
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Este foro nos congrega frente a dos interrogantes: Proceso de paz y fortalecimiento de la democracia. Es obvio que andas el camino de la paz es a través del fortalecimiento de la democracia y, de vuelta, el fortalecimiento de la democracia es el camino de la paz.
Democracia es un término que usualmente lo referimos a las cuestiones políticos. Tenemos que empezar por extender el término ‘democracia’ a todo el acontecer cotidiano, es decir, a la convivencia social.
Bogotá, para poner un ejemplo in situ, es una sociedad muy antidemocrática en materia de movilidad urbana. Si alguien se diera mañana en levantar el censo de conflictos personales que se causan entre la sociedad, muchos de orden bélico y trágico, a cuenta de la movilidad urbana, entonces tendría que convenir que, en ese solo aspecto, el sistema de transporte en Bogotá es un sistema generador de guerra.
Otro ejemplo, de orden nacional: la propiedad de la tierra en Colombia es un sistema sumamente antidemocrático. Todos los estudios nos indican una concentración de la propiedad aberrante como que el 60% pertenece al 1% de la población.
En otros escenarios se habla de que…
La desigualdad en el reparto de la tierra es obstáculo principal para una paz duradera y democrática
Veamos lo que nos dice un observador internacional, el profesor, José Antonio Segrelles Serrano, del Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante:
Dicho punto recibió el siguiente título:
“Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”
Resumen
La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia y la consiguiente pobreza rural es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de cincuenta años. La concentración de la tierra en pocas manos, el poder de la agroindustria y los ganaderos, así como la preeminencia de una agricultura orientada más a la exportación que al consumo interno, hacen necesaria una reforma agraria que vaya más allá de la mera redistribución de tierras,
pues el campesinado necesita una democratización del campo mediante el acceso a los insumos, al crédito y a la asistencia técnica, además de infraestructuras, educación, vivienda y sanidad.
Las nuevas legislaciones agropecuarias y rurales, nacidas en el seno del proceso de paz y con el fin de gestionar la etapa posterior al conflicto armado, son incompletas, tienen muchas limitaciones y no modifican sustancialmente el origen de todos los problemas: la estructura de la propiedad de la tierra.
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Y si fuera de esta observación, tenemos que ese acuerdo agrario, inmerso en el Acuerdo de Paz, en vez de concertarnos a desarrollarlo, nos concita a la polarización entre un SÍ y un NO, pues, en forma directa, el posconflicto, como también se le dice, vamos a tener que cambiarle de nombre y llamarlo reconflicto que es lo que estamos viendo y viviendo especialmente en las zonas de donde logramos la desmovilización de las Farc-Ep, ocupadas por viejos y nuevos actores, eso sí, con las mismas causas.
Y un último ejemplo, de los muchos que uno pudiera seguir señalando en un extendido análisis de proceso de paz y fortalecimiento de la democracia, es el sistema político. Aquí, los sentados en esta mesa y allá, muchos de los asistentes, ya somos testigos presenciales de la poca movilidad política que existe en Colombia.
Algo que no me ha dejado envejecer más a mi es que, como he seguido con intensa actividad periodística el curso de la historia, parezco detenido en la década del 70 en los gobiernos de Lleras, López, Turbay y en personajes como Lara, Galán, así no más para hablar a mano alzada. Los mismos apellidos que utilizaba en mis informes de la época, son los que utilizo hoy en mis editoriales. La historia política de este país, esto es, el gobierno, el congreso y las altas cortes, para utilizar un término muy en boga en épocas electorales, la siguen escribiendo los mismos con las mismas. Eso no es democrático.
Y si la democracia es el camino de la paz, entonces estamos transitando un camino equivocado. Es decir, históricamente, estamos en el lugar equivocado, hablando de paz en un escenario que solo produce guerra: es como hablar de corbatas en una comunidad nudista.
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La invención de la paz
Comparada con la guerra, de la cual es la antítesis, la paz ha sido durante mucho tiempo un tema de reflexión de segundo orden, dejado en manos de algunos filósofos locos.
“La guerra, decía el jurista Henry Maine, parece tan vieja como la humanidad, mientras que la paz es un invento moderno”.
En el siglo XIX nacen los primeros movimientos pacifistas y sólo después del horror de la Primera Guerra Mundial la paz cobra una verdadera dimensión.
Un ejemplo de que sabíamos tan poco de ganar la paz que el primer convenio de paz mundial, el de Ginebra que puso fin a la primera guerra mundial, nos quedó tan mal hecho que los historiadores han documentado sucesos derivados de ese convenio que nos llevaron a la segunda guerra mundial.
Si Marx tenía razón, estamos hoy repitiendo la historia de la guerra esta vez, ya no como la tragedia de un Viejo Continente, sino como la tragedia de la humanidad entera.
Junto con el desarrollo de las ciencias sociales en las universidades, la paz se transforma en un tema de investigación en sí misma, aun cuando a menudo siga estando vinculada de un modo inextricable a los estudios sobre la guerra o las “salidas de conflicto”.
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La ausencia o casi ausencia de gobernanza a nivel global o local obstaculiza de manera importante el establecimiento de la paz en zonas o países sujetos a conflictos armados cuyo origen, en todos o casi todos los casos, es de índole política, lo que lleva a la conclusión, en cierta forma, de que la paz es, antes que nada, un problema político.
Eso no significa que no sea un fenómeno complejo y pluridimensional que también se vincula con la psicología del individuo, la psiquis colectiva y la educación. Fenómeno que todavía tenemos que seguir descubriendo en muchos aspectos.
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Manejar el cambio
Sin embargo, un factor parece determinar en gran parte la naturaleza de la paz: el cambio.
El cambio social, económico, político o geopolítico, ya sea progresivo o radical, es de manera natural el primer enemigo de la paz, en la medida en que genera conflictos e inestabilidad.
El cambio forma parte integrante de la condición humana. La capacidad para anticipar y manejar el cambio es, pues, la primera modalidad de la paz y la principal razón de ser de sus artífices.
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LA PAZ Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD*
Luis Jorge Garay
IV Congreso de Economistas
"¿Quién es el enemigo? (el narcotráfico)
Luis Jorge Garay
2) Un tratamiento solamente represivo del problema de la producción y tráfico de las drogas ilícitas, tal como se presenta en el Plan Colombia, está destinado a agravar los problemas. Es necesario una estrategia integral que garantice una responsabilidad compartida entre los distintos países y sus elites.
¿Cuáles son los objetivos?
¿Cómo sería la 'victoria'?
¿Y cómo se mantendrá ganada la paz?"
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La crisis profunda de la viabilidad de la sociedad colombiana solo pueden superarse si se genera un nuevo pacto social donde los agentes sociales se comprometan en un conjunto de valores e instituciones que den vía al progreso y a una sociedad democrática y equitativa.
La programación, financiamiento y ejecución de las reformas sociales, políticas y económicas, la reingeniería y reestructuración de la función pública, y la realización de las otras actividades propias del Estado deben ser articuladas y priorizadas estrictamente en lo que se debe concebir como un programa de desarrollo para la construcción de sociedad en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, bajo la responsabilidad in delegable e inalienable del Estado, en una permanente consulta y fiscalización con y entre agentes, movimientos y asociaciones ciudadanas y políticas, dentro de la nueva institucionalidad para el relacionamiento público, colectivo y privado, en todas y cada una de las etapas del proceso, que van desde la concepción, hasta la aplicación y evaluación permanentes del Plan.
EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
La paz y la resolución del conflicto armado
Crecientemente, en el país se ha venido discutiendo sobre el concepto y en alcance político de la denominada paz. Infortunadamente, en amplios círculos de opinión en Colombia, la concepción de la paz se ha venido limitando seriamente, al punto de entenderse simplemente como la resolución de un conflicto específico, el conflicto armado.
Tenemos un acuerdo de paz con las Farc que, mal que bien, está funcionando. Por lo menos, un gran número de sus integrantes se desmovilizaron; algunos de los combatientes de ambos lados están contando su verdad ante la JEP y las víctimas se han ido apropiando de su condición.
Ya que no pudimos ganar la guerra, y este ‘pudimos’ aplica para ambos bandos en disputa, insurgentes y gobierno, tratemos ahora entre ambos de ganar la paz generando una transición que permita la reconstrucción y la reconciliación, dos etapas que nos llevarían a una victoria estratégica donde los objetivos políticos, económicos, sociales y diplomáticos en escala nacional y regional.
Si se parte de la base de que el conflicto armado es apenas una de las expresiones, y no la única ni la más determinante de la crisis colombiana, es necesario volver a pensar seriamente cómo se va a transformar la sociedad, en otra que pueda conducir a la paz, en su acepción estricta.
Esto es, la paz como la creación de un entorno social, político, cultural y económico, que promueva la institución efectiva de una civilidad ciudadana moderna y democrática, con la convivencia entre ciudadanos protagonistas y la resolución de conflictos a través del diálogo, de la celebración de acuerdos y el cumplimiento de compromisos, y del respeto de las diferencias que fundamente a la justicia como sistema ordenador de relaciones entre ciudadanos y ciudadanos-Estado y como sistema legitimador de la implantación de un nuevo ordenamiento de derechos y deberes ciudadanos, bajo condiciones básicas de inclusión social en términos de acceso crecientemente igualitario a oportunidades para el desarrollo y potencialización de las capacidades de los ciudadanos, como constructores del proceso de desarrollo de la sociedad.
En este contexto, una negociación entre élites excluyentes, alrededor de un conflicto, por más degradado, violento e inexplicable que sea, no puede conducir por si solo a una sociedad en paz. La sociedad en paz es un proceso de transformación social, que implica la participación comprometida de amplios grupos representativos de la población.
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Garay
Recientemente, se ha venido suscitando un debate en Colombia sobre el alcance que ha de tener la negociación del conflicto armado. Algunos observadores critican con razón que se le asigne nocivamente a la negociación el propósito de construir un nuevo país con la reforma de la sociedad, como pareciera ser la posición de diversos voceros de la opinión pública. No obstante, conviene hacer algunas precisiones sobre el tema.
Cuando se argumenta que la paz no es la mera resolución de un conflicto, se rechaza claramente que la paz pueda ser fruto por sí misma de la negociación del conflicto armado y, por ende, se aduce que su negociación no es el único reducto posible para poder transformar la sociedad colombiana. Es errado esperar que con la mera negociación excluyente pueda conducirse el país hacia una sociedad moderna, incluyente y democrática; aunque sí debe reconocerse que la solución política del conflicto armado constituye una condición necesaria -no suficiente-, para avanzar en la creación de condiciones propicias para la transformación social.
Dentro de una agenda de transición que posibilite alcanzar la paz, se debe tener claro cuál es la instancia determinante del conflicto armado y su resolución política y, algo fundamental, cuál es el tratamiento que la sociedad le ha de dar a un tema delicado para alcanzar la reconciliación: el castigo, el perdón, el olvido, la incorporación social. Por supuesto, este es un tema no meramente legalista, es un tema profundamente político y social.
Un tema central es el de cómo a través de la resolución negociada políticamente en la situación actual, la sociedad colombiana puede apalancarse, para transitar hacia una sociedad en paz. Esto lleva a un cuestionamiento fundamental, que, por la misma profundidad de su crisis, no se ha abordado debidamente.
La transición a un Estado Social de Derecho
Al establecer un Estado Social de Derecho (ESD) en el país, la Constitución de 1991 representa un pacto social para la satisfacción de los derechos fundamentales, la igualdad jurídica, la libertad civil y la garantía de propiedad -como lo estipula un Estado de Derecho- y también para la progresiva observancia de los derechos sociales, económicos y culturales.
Idealmente, la Constitución debe erigirse como convención programática y como pacto fundacional de la convivencia civil, dirigida y dirigido a garantizar la paz social y a promover la democracia. La búsqueda de una sociedad en paz es un proceso de transformación social, en la que hay una participación comprometida de amplios grupos representativos de la población.
No obstante la proclamación constitucional del Estado colombiano como un ESD, la realidad económica, política, social y cultural dista sustancialmente de las condiciones objetivas requeridas, al punto en que no se ha logrado siquiera implantar todavía un verdadero Estado de Derecho -por ejemplo, ante la ausencia de una irrestricta garantía al derecho más fundamental para todos, el derecho a la vida. La construcción de un ESD tiene que partir de la valoración y el compromiso sociales, con el cumplimiento incondicional de los derechos fundamentales. La búsqueda, consensuada como utopía colectiva, de un ESD impone la implantación social de una agenda programática de transición, en la que se estipulen propósitos colectivos, compromisos, deberes y derechos entre ciudadanos, grupos sociales, entes representativos y el Estado.
Un problema central en la construcción de un ESD es la definición democrática sobre sus alcances y límites para la realización de funciones sociales redistributivas: hasta dónde se ha de intervenir en la asignación de bienes, mediante su apropiación pública. Ahí reside la especificación del modo de coexistencia entre el Estado de Derecho y el ESD y del modelo de Estado de Bienestar.
No debe olvidarse que el Estado de Bienestar, desarrollado en el marco de un ESD, durante el auge de la posguerra en países avanzados -particularmente europeos-, tuvo el propósito de alcanzar un mayor dinamismo del capitalismo, mediante una nueva regulación del mercado, orientada a la promoción del pleno empleo con el manejo -keynesianode la demanda, a través de los derechos al bienestar V de nuevas formas de consumo colectivo -de masas. Este modelo de éstado de Bienestar -aunque sus formas concretas y medios para alcanzar los objetivos variaron entre países- empezó a gestar, ya desde la década del setenta, su propia problemática institucional, expresada en varios elementos: la reducción de legitimidad -que obedeció tanto a su incapacidad económica y política para la satisfacción de los derechos sociales y la realización de expectativas colectivas, como a la discrecionalidad y arbitrariedad burocrática, sin la debida rendición de cuentas; la insuficiente eficiencia y la selectividad de las funciones públicas, con sesgos en favor especialmente de ciertos grupos poderosos; la tendencia a restringir las prestaciones de naturaleza social y asistencial, por las presiones para garantizar la viabilidad fiscal y la estabilidad de la economía, en medio del proceso de globalización, y la ingobernabilidad, por su incapacidad para disciplinar y racionalizar jurídica y financieramente sus funciones sociales, bajo normas y criterios transparentes y operacionales sobre prioridad y rentabilidad social, secuencialidad y sostenibilidad intertemporal y equidad distributiva de la orientación de recursos públicos -entre usos v destinos alternativos. .
En estas circunstancias, se ha venido observando un cambio tendencial en ciertos países europeos, hacia modelos de Estados de Bienestar refor mados y con menor alcance como, por ejemplo, el denominado Estado de Trabajo -schumpeteriano-, en el que la política social consulta y se adecua progresivamente a ciertas necesidades de la flexibilización del mercado de trabajo y la competitividad. En contraste, en el caso de Estados Unidos se da una refundación del Estado liberal de Derecho, en el marco del Estado de Derecho, bajo la óptica de mercado con la limitación de funciones públicas de naturaleza social. De otra parte, la especificación del modelo de Estado en otros países se debate en medio de diferentes tensiones entre rasgos y tipos de Estado: minimalista, corporativista, patrimonialista, regulador.
Infortunadamente, en el proceso constitucional de 1991, no solo no se llegó a precisar el modelo de Estado de Bienestar en el marco del ESD postulado, ni a consultar debidamente su consistencia y compatibilidad con el modelo económico en proceso de implantación en su momento en el país, sino que tampoco se avanzó en diseñar una agenda de transición para su progresiva instauración y consolidación política, financiera e institucional. Precisamente, ahí reside una de las razones por las que algunos fallos recientes de la Corte Constitucional han sido objeto de arduos debates en el país.
Así, entonces, inevitablemente deberá gestionarse y legitimarse un verdadero pacto colectivo y una agenda de transición a un ESD, en el marco de la convención programática de la Constitución de 1991, con miras a progresar en la democracia, a través de nuevas formas de representación y participación política, y a crear una institucionalidad adecuada entre poderes -con la racionalización, consistencia y acotamiento de objetivos y la especificación de mecanismos eficientes, precisos y transparentes, la delimitación de instancias decisorias y sus competencias y la aplicación de procedimientos de rendición pública de cuentas-, en la búsqueda por responder a necesidades prioritarias del sistema social y por instaurar una civilidad ciudadana moderna en el país.
Pilar básico de esta agenda es la democratización de la sociedad, la consolidación de la convivencia ciudadana y el desarrollo de una civilidad moderna. En este contexto, sobresalen algunos fundamentos para guiar la transición, entre ellos:
1. El predominio de una concepción guía del comportamiento social, según la cual lo colectivo y lo público constituyen un derecho y a la vez una responsabilidad de todos los ciudadanos, bajo el principio de la preeminencia de lo público y de los intereses colectivos construidos y legitimados con el concurso y la activa participación ciudadana.
2. La prioridad colectiva de avanzar en el desmonte de la exclusión social-relacionada con la desigualdad de oportunidades, de ingreso, de conocimiento y de posibilidades de realización humana y ciudadana-, como requisito esencial para la solidaridad y sentido de per tenencia, la cooperación y construcción participativa de lo público a través de instituciones y prácticas democráticas.
3. La primacía de la justicia, no sólo como esquema regula torio de penas y castigos, sino en calidad de marco legal suficiente para velar por la implantación de una serie de normas, prmClplOs y valoraciones sobre la convivencia y por el cumplimiento y cabal desempeño de derechos y deberes. En otras palabras, la justicia como sistema social debe contribuir a crear las condiciones materiales y jurídicas para contribuir a la introyección y concienciación de los principios de la convivencia.
4. La vindicación de la política para la tramitación y renovación de intereses y pertenencias existentes en la sociedad, mediante procedimientos democráticos y con el desenraizamiento de prácticas vigentes para la satisfacción de intereses particulares excluyentes, que no responden a los propósitos mayoritarios de las colectividades. Se trata de hacer de la política una institución social por excelencia para la especificación y tramitación de intereses colectivos y públicos, la reproducción de sentido de pertenencia y de intereses compartidos en las colectividades partidistas y la representación eficaz y legítima de lo social -despojándole al uso de la fuerza y la aplicación de la fuerza la tramitación de conflictos sociales, como se ha hecho tradicionalmente en el país.
5. La legitimación del Estado como institución social que tiene suficiente representatividad y poder político, ambos validados a través de la democracia -y no como fruto de la funcionalidad, lógica y acción clientelistas- y con la debida autoridad para velar efectivamente por los intereses individuales y colectivos en la sociedad. En razón de su precariedad, el Estado carece del suficiente poder de convocatoria ante sus ciudadanos, aunque sigue conservando un rol y unas responsabilidades sociales que lo mantienen en una posición determinante en la construcción-enriquecimiento de lo público y en la administración y gestión de un conjunto bien definido, no obstante restringido, en relación con el pasado, de intereses y espacios colectivos y públicos. De cualquier forma, es claro que en la injerencia y acción estratégica para la promoción y estímulo de la formación, concienciación y participación de una ciudadanía progresivamente deliberativa, se encuentra uno de los principales medios para la legitimación del Estado ante sus ciudadanos.
6. La instauración de la seguridad democrática, como concepción social que integra en un todo coherente al conjunto de la seguridad ciudadana, la seguridad de libertad de pensamiento y de organización, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad jurídica y la seguridad nacional. Elementos necesarios y determi nantes, pero no los únicos, para la consolidación de la seguridad democrática son la preservación del orden y la integridad territorial, la aplicación de la ley y la observancia de principios básicos de convivencia ciudadana.
7. La generación de riqueza colectiva bajo condiciones de justicia distributiva con la convicción de que sin desarrollo productivo no es posible avanzar efectiva y sostenidamente en la inclusión social.
Mientras la sociedad colombiana no logre romper definitivamente con el proceso de desactivación productiva y relativo empobrecimiento, de concentración de nqueza y de exclusión social, no será posible construir una sociedad democrática moderna e incluyente. Por lo tanto, hay que valorar la necesidad de construir un nuevo contrato social e implantar un estricto esquema de coordinación y responsabilización, bajo una novedosa institucionalidad pnvada, colectiva y pública, en el marco d.e una visión de futuro y de un proyecto productivo de referencia para el mediano y largo plazo, con el concurso comprometido de los agentes económicos y del Estado, dentro del propósito de aprovechar ventajas comparativas, crear ventajas competitivas y potencializar los recursos disponibles en el país bajo, una competencia cada mas internacionalizada.
En ese propósito, a los agentes económicos les compete una serie de responsabilidades y compromisos como ciudadanos, además de su responsabilidad propia -como empresanos, trabajadores, academia, gremios-, para aportar decididamente en el desarrollo productivo, como requisito para aprovechar, en lo posible, oportunidades y minimizar riesgos y sacrificios reproducidos con la globalización. Así, por ejemplo:
1. productividad y competitividad yen las condiciones de trabajo de sus empresas, asumir como grupo el desarrollo de algunos acciones para la eficiencia productiva conjunta de actividades integradas -por ejemplo, alrededor de cadenas, con la creación de centros de capacitación laboral y de desarrollo tecnológico especializados, de investigación y desarrollo y hasta de fondos de financiación - y sin desconocer la función social de la empresa.
2. Los trabajadores han de propiciar con su. concurs~ e! aumento el! la productividad, la innovación y el cambio tecnológico, la capacitación y el desarrollo productivo. Ademas, participar en el diseño y reestructuración de las cadenas productivas e Impulsar actividades asociativas y solidarias.
3. El sector académico tiene la responsabilidad de contribuir a la formación y capacitación del capital humano y al desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el país, buscando una vinculación más estrecha y coordinada con el sector productivo.
4. Los gremios y asociaciones de la sociedad civil deben promover el estudio, análisis, coordinación y promoción de acciones requendas para mejorar la competitividad sistémica.
5. El Estado ha de desempeñar una función decisiva en la construción de un entorno adecuado -especialmente a nivel macroeconómico y en asocio y estricta coordinación con el sector privado, en los niveles mesoeconómico y sectorial- para la realización de negocios -por ejemplo, con la garantía del cumplimiento de contratos y respeto de los derechos de propiedad-, el desarrollo empresarial-por ejemplo, a través de la inversión, innovación, asunción de riesgos y la productividad- y, en fin, la competitividad sistémica.
A proposito de !a creación de un ambiente económico propicio para la generación de nqueza, se debe resaltar cómo en el contexto del contrato y de la coordinación privada y pública, resulta prioritario avanzar en la implantación de una estrategia de reforma estructural de las finanzas públicas, con el compromiso creciente de amplios estratos de una ciudadanía: a fin de garantizar su viabilidad para que el Estado pueda ir respendiendo progresivamente a las prioridades sociales que le competan en el marco del ESD y el Estado de Bienestar, estipulados en el pacto social, uno de los postulados básicos de la estrategia debe partir del reconocimiento de que el fortalecimiento estructural de los ingresos públicos está sustentado en el crecimiento económico y la generación de riqueza colectiva. Otro de los postulados consiste en que esta problemática debe abordarse de manera integral en sus diferentes instancias. Por el lado de ingresos, ha de velarse por la legitimación de la institucionalidad tributaria en el país y el deber tributario del ciudadano con la colectividad, procediéndose, por ejemplo, a la eliminación de exenciones, deducciones y excepciones y al rechazo ‘moral' y la penalización efectiva de los elevados niveles existentes de evasión, corrupción y elusión tributarias. Por el lado de egresos, habrán de tomarse decisiones sociales cruciales sobre la priorización del gasto público, garantizándose el lugar fundamental del gasto social.
Sin haber pretendido más que una ilustración simple de algunas de la múltiples exigencias para la construcción de un ESD, resulta evidente que se trata de una tarea de todos, especialmente demandante, en una sociedad con graves disfuncionalidades como la colombiana en el mundo de hoy. Todavía más, puesto que tendrá que desarrollarse un modelo de ESD en consulta con las realidades nacionales y los condicionamientos del mundo externo, en medio de la globalización, y lo suficientemente innovador como para evitar la reproducción de los graves problemas observados en otras sociedades. Al fin de cuentas, la aceptación y la sostenibilidad del programa constitucional vigente en el país, imponen la necesidad de construir un Estado que podría asociarse con un tipo de ESD posbenefactor.
A MANERA DE REFLEXIÓN
La programación, financiamiento y ejecución de las reformas sociales, políticas y económicas, la reingeniería y reestructuración de la función pública, y la realización de las otras actividades propias del Estado deben ser articuladas y priorizadas estrictamente en lo que se debe concebir como un programa de desarrollo para la construcción de sociedad en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, bajo la responsabilidad in delegable e inalienable del Estado, en una permanente consulta y fiscalización con y entre agentes, movimientos y asociaciones ciudadanas y políticas, dentro de la nueva institucionalidad para el relacionamiento público, colectivo y privado, en todas y cada una de las etapas del proceso, que van desde la concepción, hasta la aplicación y evaluación permanentes del Plan.
Ante las severas exigencias financieras de un plan de esta naturaleza y la precaria situación económica y de las finanzas públicas en el país y en razón del carácter estrictamente público del desarrollo de un nuevo contrato social, no sólo corresponde sino que se hace inevitable el compromiso fiscalizador y el aporte financiero de todos los agentes, tanto públicos como privados, y de acuerdo con su capacidad económica y con su dividendo de paz para la implantación de dicho programa de desarrollo.
En este sentido, como en el caso de un verdadero ordenamiento democrático, la paz se ha de constituir en el fin procedimental inicial y simultáneamente erigirse como el fin último alcanzable por la sociedad. Es por ello que la paz no es sólo la resolución de uno de los conflictos, como el caso del conflicto armado, en un proceso de crisis social como el colombiano, sino esencialmente la construcción de un nuevo contrato social y el establecimiento y la consolidación efectiva de un nuevo ordenamiento democrático incluyente en lo político, económico, social y cultural.
Si bien es cierto que parte fundamental del esfuerzo ha de corresponderle a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana, no cabe duda alguna que en el marco de un esquema de corresponsabilidad internacional, a otros países involucrados en la problemática del narcotráfico y el crimen internacional organizado -especialmente a los países desarrollados consumidores de la droga y centros en los que se desarrollan las actividades más rentables del negocio internacional les compete aportar efectivamente un esfuerzo no sólo financiero, sino también económico, político y social, en favor de los países más vulnerables y objeto de mayor depredación so cial por el flagelo mundial de la droga. El tipo de ayuda militar y población previsto por el Plan Colombia y financiado por el gobierno estadounidense no consulta debidamente los propósitos de una verdadera estrategia de cooperación internacional en la lucha al narcotrafico bajo principios de corresponsablbdad y reciprocidad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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[2] Garay Luis Jorge 2000b "Construcción de la seguridad democrática en medio de la crisis", El papel de las Fuerzas Militares en una democracia en desarollo, Escuela Superior de Guerra - Pontificia Uníversídad Javeriana, Bogotá, junio. [ Links ]
[3] Garay Luis Jorge. 2001 "Una nota sobre la problemática social, el conflicto armado, el narcotráfico y el Plan Colombia", Summit of the Americas Center, Colombia: conflicto armado, perspectivas de paz y democracia, Florida International University. [ Links ]
