DESIGUALDAD AL EXTREMO
Clara López
Su columna en KIEN&KE
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La falta de progresividad en los impuestos
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En la pasada campaña presidencial, los gremios empresariales cruzaron una línea roja en materia de activismo político colectivo. Si bien muchos connotados empresarios habían participado en favor de una u otra parcialidad política, los gremios propiamente dichos se habían mantenido al margen de apoyos concretos. En esta oportunidad fue diferente. El Consejo Nacional Gremial (CNG) integrado por los 21 gremios que representan el 60 por ciento de la producción nacional expresaron públicamente su apoyo al entonces candidato Iván Duque.
Esta semana dicho Consejo reiteró al presidente electo su propuesta de reducir del 33% al 28%, la tarifa del impuesto sobre la renta a las empresas y de poner a pagar ese impuesto a personas con ingresos a partir de 1,95 millones de pesos mensuales y no, como ahora, desde 3,2 millones.
Con ese planteamiento, los principales dirigentes empresariales del país plantean que las personas que devengan apenas lo suficiente para no sucumbir en la pobreza deben cargar con parte de la compensación de las nuevas rebajas en los impuestos que impulsan, cuando todavía no terminan de asimilarse las rebajas de la pasada reforma tributaria, que les redujo la tarifa del 40% al 33%. A propósito, nada reclaman sobre la eliminación del beneficio de progresividad para las pequeñas empresas que debería reintroducirse, mejorado, para el gran número de sus afiliados que generan el grueso del empleo.
Colombia ocupa el deshonroso lugar de ser el sexto país más desigual sobre la tierra. La falta de progresividad de su sistema tributario es una de las razones. Por ello, al incursionar como nuevo actor político, el CNG haría bien en colocarse el sombrero de los de a pie y no solamente de los grandes empresarios que dominan su cúpula.
La desigualdad extrema está llegando a cotas insostenibles para la democracia que se resiente con la concentración del poder económico devenido en poder político. Pasa en el mundo entero y Colombia no es la excepción. En 2016, Semana traía un confidencial titulado “Piketty tiene razón” en el que señalaba que 2.300 personas tienen el 53% de la tierra aprovechable del país, equivalente a 43.928.305 de hectáreas; y que solamente 2.681 clientes, el 58.6% de los depósitos bancarios o 185 billones de pesos, valor equivalente al presupuesto nacional de este año.
No es de sorprender, entonces, que solamente unas 3.500 personas y empresas califiquen como grandes contribuyentes de un universo de 2,6 millones de contribuyentes. La solución no está en reducir los impuestos a quienes tienen capacidad de pago para colocar el cumplimiento de la regla fiscal en cabeza de la base de la pirámide que ya paga un IVA del 19% sobre el grueso de la canasta familiar.
Una reforma tributaria estructural debe ocuparse de cumplir los principios que ordena la Constitución para tener por fin un sistema tributario progresivo que le de capacidad al Gobierno de garantizar los derechos de toda la población y ponga a tributar a cada quién, según su verdadera capacidad de pago.
La desigualdad extrema no es sólo un problema ético, sino que se erige como un impedimento para el crecimiento económico y en factor de riesgo para la democracia. Como bien lo afirmara la ONG inglesa OXFAM en un estudio que recibió atención en la Cumbre de Davos: “el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha.”
Debemos superar el Estado “Hood Robin” que grava a los pobres y gasta más que proporcionalmente en los ricos, para construir una democracia moderna y una economía pujante sobre la base de un sistema tributario progresivo, eficiente y eficaz.
