DESCARO JUDICIAL

RAMIRO BEJARANO (Su columna en El Espectador)

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Si alguien tiene duda de que con las actuales altas cortes no es posible reformar radicalmente la justicia, basta con que les eche una miradita a los dignatarios que presidirán durante el próximo año el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal

En la Judicatura decidieron nombrar presidente a Francisco Javier Ricaurte, y a su mancorna Pedro Munar, en la cabeza de la Sala Administrativa. Ambos tienen demandados sus nombramientos porque fueron elegidos con los votos de otras personas que se hicieron también magistrados gracias a ellos.

Ricaurte y Munar antes fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de allí salieron hace poco, escamparon unos meses y luego sus excompañeros los nombraron en el Consejo de la Judicatura. Desde allí hoy se encargan de elaborar las listas de candidatos a otras corporaciones, y claro, ellos son quienes reparten las credenciales a los nuevos magistrados.

En el caso de Ricaurte su periplo es todavía más denigrante. De él se sabe que llegó reptando a la magistratura, sin ningún mérito científico, ni académico, pero por fuerza de sus conexiones en todas partes es un influyente y poderoso señor que decide quién administra justicia. Ah, casi olvido que la contratadora Morelli premió con un jugoso contrato de prestación de servicios a Ricaurte, justamente durante los tres meses que duró su tránsito de una corte a otra, porque para eso está aceitada la locomotora de la burocracia.

Que el Consejo de la Judicatura se haya aventurado a nombrar como sus dignatarios a dos personas que tienen en vilo la permanencia en sus cargos, no es desprevenido. El mensaje que quisieron enviar con estas provocadoras designaciones, está claro. El primero, a quienes hemos demandado esos nombramientos por espurios, nos han notificado que les importa un comino la censura pública; el segundo, al Consejo de Estado lo han puesto en el predicamento de escoger entre no perturbar a estos colegas o descabezar a la cúpula de la judicatura. Muy seguramente Ricaurte y Munar calculan que mientras sean dignatarios de su corporación, nadie en el Consejo de Estado se atreverá a tocarlos. Ya veremos si ese complejo ajedrez político se cumple, para vergüenza del país e indignidad de la justicia toda.

En la Corte Suprema de Justicia, ha sido elegido como su presidente Luis Guillermo Miranda, un oscuro laboralista que llegó a empujones a esa corporación y en medio de comentarios que no favorecen su reputación. No todos hemos olvidado que su proceso de selección como magistrado se vio dilatado por casi dos años durante los cuales la Corte se negó a designarlo, por las dudas y controversias que suscitaba su nombre, demora que supo orquestar su padrino y patrocinador Ricaurte. Esas inquietudes nunca fueron disipadas, pero en un descuido y aprovechando una modificación del reglamento interno de la Corte y de las mayorías para elegir a alguien, finalmente lo hicieron magistrado, y como la toga purga el desprestigio, andando el tiempo lo han sentado en la más importante silla de la justicia ordinaria.

Y en la Sala Penal ha sido designado como su presidente Fernando Castro, una persona que todavía les está debiendo a los colombianos una explicación tanto por su relación como abogado y visitante de Víctor Carranza, como por su silencio incomprensible frente al demoledor informe en su contra publicado por Claudia Julieta Duque, el cual puede verse en esta dirección: https://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/castro32.html,

Con estos personajes tal parece que el país se apresta a emprender otra reforma a la justicia, como la que llenó de vergüenza para siempre las páginas de la historia patria.

https://www.elespectador.com/opinion/descaro-judicial-columna-472303,