“Más si preguntas lo que yo aborrezco en una sola frase te lo ofrezco: pensar y decir dos cosas diferentes”…

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Octavio Quintero

(29/12/15)

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La corrupción de tipo económico se ha extendido tanto que ya domina casi por completo el ideario colectivo. Siempre que nos encontramos con la palabra ‘corrupción’, nos imaginamos enseguida que se trata de un robo practicado por algún funcionario público contra el erario nacional, departamental o municipal. Y esa es una idea correcta, pero no exacta. El diccionario de la RAE establece que también se incurre en corrupción cuando se utilizan las funciones y medios de las organizaciones, especialmente de las entidades públicas en provecho propio, de tipo económico o de otra índole.

Y es ahí en donde… “El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra”. Resulta muy difícil, por no decir ‘imposible’ configurarle, en este último sentido, un cargo de corrupción a un funcionario público que salta de puesto en puesto hasta la cumbre de su propio nivel de  incompetencia, según “El principio de Peter”.

Si ni siquiera hemos podido configurar una política penal que por lo menos sofrene la corrupción económica “en sus justas proporciones” porque, precisamente, este tipo de corrupción ha penetrado hasta las más altas esferas de las altas cortes y de la Fiscalía General, por mencionar un par de ejemplos del momento actual que nos remiten a figuras como el magistrado Pretelt o el fiscal Montealegre, ¿a qué horas, podría preguntarse uno, vamos a poder sindicar de corrupción (no económica), por ejemplo, a los mismos “zares” anticorrupción?

Desde los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos, es decir en los últimos 21 años, funciona, adscrita a la Presidencia, la oficina anticorrupción que, Santos, para no maltratar nuestros castos oídos con tan fuerte término, la rebautizó “Secretaría de Transparencia”… Y, si alguien se da mañas en evaluar sus resultados, se encontrará con la sorpresa de que lo único que ha producido tan rimbombante despacho es la visibilidad de sus titulares que, merced a ello, han escalado altos cargos como María “la Paca” Zuleta, Germán Cardona o Carlos Fernando Galán, por mencionar solo tres gladiadores que blandieron espadas contra la corrupción, pero de los demás, y eso…

Por ahí nos vienen nuevas noticias en torno a un nuevo proyecto de ley que habilita y blinda a todos los funcionarios públicos que “se atrevan” a denunciar la corrupción de sus jefes. El actual secretario de Transparencia, Camilo Enciso, presenta la “buena nueva” como la panacea contra la corrupción que contempla recompensas a los delatores a más de inmunidad laboral, judicial e, incluso, traslados al exterior.

Pero… “no lo griten, no se abracen, no se besen”, como dice un locutor de futbol cuando la pelota pega en el palo, porque este arranque legislativo contra la corrupción apenas será una forma más de decirle a la OCDE que Colombia ya está lista en este campo para pertenecer al privilegiado club de los países ricos aunque, después, siga figurando de media tabla hacia abajo en la ranking de países más corruptos del mundo.

A propósito, el ilustre “zar” anticorrupción (Camilo Enciso), le pone el pecho a esta tempestad de corrupción que azota a Colombia estando en deuda de explicar aún, con toda honestidad, su aparente participación en política el pasado 21 y 22 de noviembre en donde se le topó muy orondo en la convención de la U en Cartagena.