DANIEL SAMPER PIZANO (Su columna en El Tiempo)
Ojo a la batalla campal que se libra allá arriba, en lo más alto del Poder Judicial. Intentaré hacer una síntesis de la situación, pues revela la penosa degradación de algunas de nuestras instituciones y muestra cómo una parte de los parvos recursos de la justicia –tiempo, talento, dinero– se despilfarra en ciertas trampas y desquites.
* En el 2009, el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, advirtió que en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (SDCJ) estaban ocurriendo hechos preocupantes.
* En el 2011, la prensa denunció un ‘carrusel’ de pensiones en la SDCJ, mediante el cual magistrados del tribunal a punto de jubilarse conseguían, apadrinados por un jurisperito de esa institución, efímeros cargos que les permitían disparar su pensión. (A diferencia de los demás colombianos, los magistrados se jubilan con el último sueldo como multiplicador.)
* Ese año, la magistrada de la SDCJ María Mercedes López denunció por falsedad a sus compañeros de sala. La investigación de la Fiscalía implicó a Henry Villarraga, Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano. También, a la secretaria de la SDCJ, Yira Olarte. El caso de los magistrados pasó a la Comisión de Acusación y el de la secretaria Olarte correspondió a la fiscal Martha Lucía Zamora.
Muchos que lo vieron llorando pensaron que el tigre de la corrupción judicial yacía mal herido. Pero solo reposaba, dispuesto a saltar de nuevo.
* Pese a la evidencia de las pruebas aportadas, el pasado abril la Comisión de Acusación archivó la denuncia contra los tres magistrados. Era una decisión insólita, desafiante e inesperada. “Esto es una farsa y una vergüenza –declaró el fiscal general, Eduardo Montealegre, en EL TIEMPO–. No es posible tolerar la impunidad en casos de grave corrupción.”
* Mientras tanto, la fiscal Zamora halló en el caso de la secretaria Olarte presuntos delitos de falsedad en documento público y otros y la llamó a juicio.
Entonces atacó de nuevo el tigre. Con la absolución del presidente de la Comisión de Acusación en la mano, Olarte, la investigada, demandó por falsas denuncias a Zamora, la investigadora. “El mundo al revés –dijo Montealegre–: personas cuestionadas van a la caza de funcionarios honestos.”
También se desquitó Villarraga: denunció a su colega María Mercedes López y pidió que le embargaran sus bienes, e inició un juicio contra Zamora por su participación, meses atrás, en una acusación de complicidad con las Farc contra el exdiputado Sigifredo López, que resultó infundada. De este modo, el denunciado Villarraga volteó la tortilla y se constituyó en juez de la investigadora de su secretaria, y denunciante de quien lo denunció: López.
Esto es nuevo. Los acusados ya no se alejan satisfechos al lograr la impunidad, sino que, como el tigre, se devuelven y atacan.
El fiscal Montealegre –que cada vez se perfila más como un batallador contra la corrupción y un obstáculo para el avance de la derecha paleolítica que encabeza el Procurador– reaccionó con energía y denunció ante la Corte Suprema a Constantino Rodríguez, presidente de la Comisión, para que “no quede impune uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos tiempos”.
La lucha sigue. Apoyemos a los que intentan acorralar al tigre.
