CRECE ESCÁNDALO DE LOS BALDÍOS
El escándalo de los baldíos que tumbó al embajador en Washington, salpica ahora a la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo (en la foto), según la denuncia hecha ante el Congreso por los representantes del Polo, Iván Cepeda y Wilson Arias.
Cepeda reveló que tanto la ministra como diferentes miembros de su familia, constituyeron Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo ella en ese momento, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La denuncia de los parlamentarios de oposición es similar a la formulada por el senador Robledo contra el entonces embajador en Washington, Carlos Urrutia, que finalmente obligó su dimisión.
La argucia jurídica propiamente no configuraría ilegalidad –aclaró Cepeda- porque cada SAS no es dueña sino de una sola UAF (Unidad Agrícola Familiar) pero algo de irregular tiene que haber en el hecho de que miembros de una misma familia creen SAS para comprar tierras que sumadas llegan a 25.000 hectáreas, que luego ponen al servicio de una misma empresa: Indupalma, cuyo gerente, Rubén Darío Lizarralde, tuvo vida marital con la ministra Campo.
Es lo mismo que se cuestionó en el caso del exembajador en Washington, y lo mismo que se ha venido diciendo del poderoso banquero, Luis Carlos Sarmiento.
“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales: por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, dijo Cepeda ante la plenaria de la Cámara.
Los parlamentarios del Polo demandaron del presidente Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del gobierno que han acumulado tierras, dando a entender que detrás del exembajador, la ministra y el banquero, hay otros altos funcionarios públicos y gestores privados involucrados en la usurpación de baldíos.
Así mismo, le pidieron al gobierno nacional concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite en procura de proteger la territorialidad y la economía campesina y cuyas objeciones, según dijeron, “no tienen fundamento teórico ni empírico”.
