COLOMBIA, EL PAÍS DE LOS CARTELES

EL DE MAYOR ALCANCE POR SU IMPACTO ES EL DEL CEMENTO, CONFORMADO POR  ARGOS, CEMEX Y HOLCIM

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Jorge Vergara Carbó

Desde el punto de vista económico se denomina cartel el convenio o pacto entre varias empresas o compañías de un determinado ramo de la industria para controlar producción, distribución, fijar precios, reducir o acabar con la competencia. En la práctica unas industrias oligopólicas (por ser pocas) se convierten en monopólicas con las consecuencias que el monopolio tiene para quienes adquieren esos productos. Con esa alianza desvirtúan las reglas del mercado sacando ventajas al eliminar la competencia y solo distinguiendo su producto a través de la publicidad. En la mayoría de los casos se distribuyen el territorio para colocar sus productos y eliminan con los precios cualquier posibilidad de que se establezcan nuevas empresas en esos sectores monopólicos.

Carteles de este tipo, el de mayor alcance por su impacto es el del cemento, conformado por tres grandes empresas que durante años vienen trabajando unidos como son Argos, Cemex y Holcim. Ellos imponen un precio al cemento como al concreto, ambos de los más caros del mundo, cuando las tres empresas tienen plantas en otros países. Holcim es la número uno en el mundo seguida de Cemex y Argos está lejos de esas empresas, pero en Colombia ella es la que maneja las relaciones con el gobierno de turno y la clase política. La producción de cemento gris en el año 2013,  fue de 10.8 millones de toneladas, que le significaron a esas empresas unos ingresos adicionales por el sobreprecio que cobran cercano a los  $ 2.6 billones de pesos aproximadamente. Plata que pagamos todos los colombianos que de una u otra forma tenemos que utilizar ese producto. Ese es el costo que paga la sociedad por permitir un monopolio.

Situación similar se da con los otros carteles existentes en la industria como los de los pañales, papel higiénico, de los laboratorios farmacéuticos que nos venden las medicinas con unos sobre precios demostrados por el periodista Juan Gossain,  los de  la: cerveza, gaseosa, azúcar, gasolina, gas, arroz, fertilizantes, papel, textiles entre otros. Entre todos los carteles existentes en la industria colombiana los colombianos pagamos de más una suma cercana o superior a los $ 20 billones de pesos.

También existe el cartel de los servicios públicos domiciliarios que nos imponen unos precios aunque regulados de carácter monopólico por ser uno o muy pocos los que prestan ese servicio, principalmente en la Región Caribe y más concretamente en Barranquilla en el caso del servicio del agua, alcantarillado, aseo, electricidad y,  gas ¿Cuántos nos cuesta ese sobreprecio?

Otro cartel es el del arbitraje que manejan las Cámara de Comercio tal como lo denunció en su columna Ramiro Bejarano, quién afirma que los arbitrajes condenan en el 75% de las veces al Estado favoreciendo al sector privado que les paga y por el contencioso administrativo solo lo condenan en un 25% de las veces. Una diferencia significativa que a simple vista señala a favor de quién se colocan los árbitros escogidos, los cuales normalmente pertenecen a la rosca de quienes manejan la junta directiva de las Cámaras de Comercio, otro cartel que funciona con la plata de los colombianos, al igual que el cartel de la contratación.

No podía faltar el cartel de los partidos políticos que se unen, como la Unidad Nacional para manejar el Estado a su antojo y favorecer a los carteles del arbitraje y de la industria y el comercio que son los que le financian sus campañas. Con sus alianzas manejan a los jueces, magistrados, Órganos de control  y por supuesto la burocracia nacional e internacional y el presupuesto de la nación para repartir mermeladas y quitarle cualquier opción de poder a los pocos partidos de oposición y en especial si son de ideas políticas contrarias. Es un cartel en contra de la democracia y la libertad de expresión que nos cuesta demasiado dinero a los colombianos sostenerlo.

Tampoco podían faltar los carteles del contrabando, del narcotráfico, del secuestro, del crimen organizado en agrupaciones delictivas dedicadas a todo tipo de actividades ilegales como la extorsión, asesinatos, secuestro. Estos carteles están por fuera de la ley a pesar de que la mayoría de las veces trabajan en llave con las fuerzas militares del país,  con los jueces, magistrados  y, con la clase política de la cual muchos de sus integrantes hacen parte o han hecho parte de esos carteles, ya algunos condenados otros por juzgar y condenar.

Ante esta realidad tenemos que preguntarnos qué diferencia hay entre los carteles delincuenciales  y los carteles industriales, de servicios públicos domiciliarios, los partidos políticos, lo de la contratación y los de arbitraje. ¿Quiénes hacen más daño y quienes afectan más los bolsillos de los colombianos?

Clasificamos  como ratero  o delincuente el que  roba una cartera o un celular o el que cultiva, fabrica y vende droga en las calles del país o al que secuestra o extorsiona o el que actúa como sicario, si eso es así, como podemos calificar a los carteles de los partidos políticos que expiden leyes para favorecer a sus amigos empresarios o familiares o que se benefician del presupuesto de la nación para favorecer a sus  amigos mediante contratos amañados y  cómo podemos calificar a los industriales que nos venden el producto a un precio monopólico por no existir control del Estado , como llamar al  cartel del arbitraje y el cartel de la contratación , no son unos delincuentes también, acaso no nos  roban al  vendernos su producto a un precio por encima del real de mercado de existir competencia , no nos roban cuando nos cobran en una licitación amañada , no nos roban los árbitros con sus fallos amañados que obligan a pagar altas indemnizaciones al Estado siendo que es plata al igual que la de la mermelada es nuestra y al quedarse con ella los distintos carteles, le hacen un daño tremendo a los pobres de Colombia.

¿Cuántas casas y vías nuevas se pudieran construir si el cemento se vendiera  a un precio  de $ 14.000 pesos el bulto de 50 kilos?¿Cuantos dinero hubieran podido ahorrar los padres de familia en la compra de pañales si su precio no fuera monopólico? Podríamos seguir preguntándonos y no encontraremos respuesta porque no es fácil calcularlo, pero podemos estimar que entre todos los carteles nos birlan a los colombianos al año más de $ 30 billones de pesos, sin incluir la plata de la evasión e elusión de impuestos de las empresas y los ricos del país.

Señor director de la SIC, los colombianos esperamos una repuesta suya no solo una multa que es tanto lo que han obtenido de más que la pagan enseguida, sino que los obligue a bajar el precio y no vuelva a permitir la conformación de ningún tipo de cartel.

Barranquilla, Diciembre 26 de 2014.