Algún sector de la opinión pública colombiana arde en deseos de ver a Uribe tras las rejas; otros muchos aplauden atropellos constitucionales para enmendar errores advertidos. Pero esos caminos no son aconsejables, por lo azarosos

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Octavio Quintero (15 de agosto de 2014)

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La democracia no resiste la combinación de todas las formas de lucha para alcanzar los fines propuestos por el régimen de turno, así sean los más loables. Y no es bueno que se azuce a la opinión pública en defensa de evidentes atropellos al estado de derecho que impera en toda democracia porque es el camino más corto al “Estado de Opinión” ese en donde la tiranía ya no es de uno sobre muchos sino de algunos sobre todos.

En el orden del día de “asuntos por resolver” se tienen dos muy importantes: 1. El debate propuesto contra el expresidente y senador, Álvaro Uribe en la Comisión Quinta del Senado y, 2. El fallo pendiente en el Consejo de Estado contra el decreto del gobierno que hundió la reforma a la justicia.

Sobre el primer punto, no hay por donde armarle el debate al expresidente y senador Uribe. Insistir en ello es violar normas muy claras que se han tenido como pedestal del estado de derecho en Colombia, en el sentido de que tanto el presidente en ejercicio, como los expresidentes y parlamentarios tienen unos jueces naturales que se deben respetar por principio democrático, así no nos guste. Ya lo advertimos que entre parlamentarios se puede prender un debate en cualquier instante en comisiones o plenarias. Pero eso es distinto a que se cite un debate para hacerle control político o juzgamiento a un senador o representante a la Cámara, y menos, si como en el caso de Uribe, ostenta el título de expresidente… “Nanay cucas”, decían las abuelas.

Sobre el segundo punto, está escrito que una reforma constitucional no puede ser objetada por el Presidente ni puede ser enterrada en un debate de una de las cámaras legislativas convocado repentinamente y en forma extemporánea.

El decreto del presidente Santos que convocó a sesiones extras al Senado para hundir la reforma a la justicia (que se trataba de un acto legislativo), es a todas luces inconstitucional. Decir lo contrario, es forzar una interpretación jurídica que lo único que hace es colocarnos en ese nicho peyorativo de “República banana”.

En resumen: no se puede lo de Uribe… ¡No señor!; y lo de la reforma a la justicia, tampoco porque fue aprobada observando tanto la forma como el fondo en materia legislativa y, por tanto, es legal… ¡Sí señor! Dura lex sed lex.

Busquemos los caminos legales para alcanzar el debido juzgamiento del expresidente Uribe por todas las sindicaciones de presuntas y graves irregularidades de orden político y penal que tiene pendientes de sus dos administraciones; busquemos también la forma correcta y sobre todo legal de deshacer el entuerto de la reforma a la justicia y pongámosle a este par de cosas corazón, alma y vida, pero así no; a  la brava, no… “Por el pecho no”, dice el docto vulgo.