ARGOS: CUANDO LA LUZ NO ES TAN VERDE
El precio del cemento en Colombia es 294 por ciento más caro que en Estados Unidos y Europa, revela un análisis del economista barranquillero, Jorge Vergara Carbó, presidente y fundador en la capital del Atlántico, junto con Jaime Lustgarten, de la veeduría, Acción Cívica.
La denuncia de Vergara Carbó está contemplada en los siguientes términos:
Industria oligopólica
En diversos estudios realizados en el país sobre la industria del cemento, como de su mercado, han llegado a la conclusión de que es una industria “oligopolio homogéneo”. Los autores de estos estudios han sido varios connotados investigadores del país, uno de ellos, el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Producto del oligopolio, los colombianos pagamos un precio por el cemento por encima de su valor real, lo que le permite a estas empresas obtener ganancias exageradas de tipo monopólico, porque en la práctica, las empresas existentes se reparten el mercado para ejercer su hegemonía sobre la región que le corresponda.
A pesar de que existe pleno conocimiento de lo anterior, en el país no existe control alguno, ni aplicación de la ley antimonopolio como opera en otros países. En Colombia, el encargado del control y vigilancia de conductas oligopólicas o monopólicas es la Superintendencia de Industria Y Comercio (SIC), hoy en manos de un funcionario muy cuestionado, el señor Pablo Felipe Robledo del Castillo, quién ha dedicado sus funciones a elegir en la Cámara de Comercio de Barranquilla a sus amigos en la junta directiva de esa entidad.
A este funcionario, como a otros, incluyendo al actual ministro de Hacienda, se le ha escuchado pronunciarse sobre este tipo de empresas, y especialmente sobre los precios y la mala calidad de sus productos.
Se recuerda todavía el caso de las losas de la calle Murillo en Barranquilla, que denunciará el arquitecto Edgar Sánchez, las cuales tuvieron que ser destruidas por la mala calidad que presentaban a los quince días de haberse pavimentado esas calles de la ciudad.
El precio NO es correcto
En cuanto a los precios, la tonelada de cemento en Colombia es del orden de los US$ 250 dólares, mientras en Estados Unidos y Europa esa misma tonelada vale US$ 85 dólares.
El precio en Venezuela es igual al de los Estados Unidos; en Argentina vale US$ 66, en Brasil US$59, en México US$ 111 y en Asia el precio oscila entre 30 y 50 dólares la tonelada.
Es decir, los colombianos pagamos la friolera de 294% más que Estados Unidos, Europa o Venezuela. Con Asia la diferencia es del 500%, con Brasil del 424%, con Argentina 376% y con México el 225%.
Dumping a la vista
También llama la atención de la industria cementera en Colombia su mercado de exportación… No se entiende cómo pueden exportar con estos precios que están por encima del mercado internacional. Para hacerlo, deben estar vendiendo a precios por debajo del mercado colombiano, incurriendo en dumping, actividad prohibida por la OMC (Organización Mundial del Comercio). Esto tiene que ser así, porque no se justifica que con esa diferencia de precios puedan exportar legalmente, n i siquiera a Centroamérica.
La pregunta clave
¿Cuántas casas de interés social, calles, avenidas y carreteras se podrían construir si el precio del cemento no fuera tan caro en Colombia?
Esta es la pregunta que podría formularse a los ministros de Vivienda, Transporte y Hacienda, pero principalmente a la autoridad de control y vigilancia, el señor Robledo del Castillo. Su silencio al respecto parece cómplice.
No contentos con el sobreprecio que impone el Grupo Argos (antiguo Cementos del Caribe), ahora se propone, a través de estudios amañados realizados a espaldas del pueblo barranquillero, desviar la vía 40 para, una vez desmontada la planta en Barranquilla, poder ampliar su puerto lo mismo que el de Monómeros.
Argos podrá con ese desvío previsto en el “Plan Maestro Puerto de Barranquilla”, desarrollar su terminal propio para el manejo de contenedores y líquidos. Es decir, aparte de contaminarnos por largo tiempo y dejar sin empleo a cientos de trabajadores, ahora pretende imponer el desvío de la 40 con el fin de que, antes de llegar a sus terrenos, suba hasta la planta, le dé la vuelta por encima de Monómeros y vuelva nuevamente a su curso normal… Todo, por supuesto, realizado con plata del distrito, dejándole sus terrenos preparados para realizar una nueva urbanización al cambiar el uso del suelo, sin pagar plusvalía por ese cambio.
Es de esperar que en el nuevo POT (Plan de Ordenamiento Territorial), se revise bien la propuesta que tiende, por lo visto, a favorecer exclusivamente los intereses de la empresa Argos. Ojalá que solo sean rumores eso que se dice en corrillos de expertos en el sentido de que funcionarios y exfuncionarios de Argos, han influenciado las propuestas del nuevo POT.
La Secretaría de Planeación debería pronunciarse sobre el desvió de la vía 40, como sobre la prolongación proyectada de la carrera 43 y su interconexión con la Circunvalar, proyecto que parece diseñado por el Grupo Argos. Igualmente es importante que se aclare la ampliación de la carrera 51-B, desde la circunvalar hasta la calle 87, porque el único favorecido con esa ampliación es nuevamente el Grupo Argos que tiene 700 hectáreas de tierra del otro lado de la Circunvalar, y por las cuales no paga un solo peso en predial ni en valorización a Barranquilla por pertenecer al municipio de Puerto Colombia.