¿ACUERDO ESPECIAL CON LAS FARC? SÍ Y NO

X- Octavio Quintero --Director/El Satélite

(11/05/16)

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El exfiscal, Eduardo Montealegre, se fue dejándonos un sustancioso debate político-jurídico en torno a las negociaciones de paz que viene culminando el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las Farc, en La Habana.

Se trata de los “Acuerdos Especiales” contemplados en los acuerdos de Ginebra de 1949, atinentes a los conflictos no internacionales y no declarados como guerra civil que buscan proteger los derechos fundamentales de la gente.

En forma muy sintética, y quizás poco jurídica de parte nuestra, el exfiscal demandó ante la Corte Constitucional reconocer como acuerdo especial las negociaciones de la Habana con lo cual, una vez firmada la paz entre las partes, el texto de lo allí establecido quede incorporado a la constitucional nacional por la vía de lo que llaman “bloque de constitucionalidad”.

Es decir, si la Corte aceptara la tesis de Montealegre, ¿para qué plebiscito?; ¿para qué constituyente?… “Ni el mismo pueblo podría desconocer lo allí contemplado”, en palabras del propio exfiscal.

Poco a poco, los analistas del acontecer cotidiano se han ido percatando del alcance de la insólita propuesta de Montealegre.

Independientemente de su alcance político, los medios alternativos que nos movemos alrededor del más amplio concepto de libertad de opinión, le hemos pedido al exmagistrado, Jaime Araujo Rentería, y él ha accedido, una columna de tipo jurídico en la que se pueda medir, fuera de intereses creados, la viabilidad de la propuesta del exfiscal y, adelantándonos a sus iniciales reflexiones vamos directo al grano:

(…) “Los acuerdos especiales previstos en el artículo tercero común, a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, no permite modificar la constitución de Colombia ni constituyen un tratado internacional….

“Lo que SÍ está al alcance del gobierno, jurídicamente, y que puede realizar por su propia fuerza, sin necesidad de nadie más, es reconocer a la guerrilla el estatus jurídico de beligerantes y pactar con ella, desde el derecho internacional, cambios constitucionales que, como hemos recordado, en nuestro sistema jurídico actual requieren intervención del Congreso y control de constitucionalidad previo.

La gran pregunta entonces es: ¿se atreverá el gobierno? Creo que no”, dice finalmente el magistrado Araujo Rentería.

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