¿Y DEL PUEBLO QUÉ?

“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”, dice el artículo 3º de la Constitución Nacional.

Viene al caso en momentos en que el gobierno le hace bombo a su llamada reforma política de equilibrio de poderes, de la que llama la atención la eliminación de la reelección presidencial.

Si lo que se busca es un equilibrio de poderes no puede dejarse por fuera al elector primario, ese del cual “emana el poder público”. Y no dejarlo por fuera es darle mayor poder de revocatoria del mandato porque lo que se tiene ahora es un inmenso desequilibrio entre elegir y deselegir, pues, en el primer caso, se establecen unos parámetros que no son los mismos a la hora de revocar el mandato configurado en las urnas.

A 20 años de aprobada la ley 134 de 1994, no se ha registrado el primer caso exitoso de revocatoria de mandato de algún alcalde o gobernador. Y, a propósito, la propuesta que se esboza, debiera extender también la revocatoria de mandato al Presidente de la República y a los integrantes de cuerpos colegiados: concejales, diputados y congresistas.

Pero, si el tal proyecto de equilibrio de poderes no habla siquiera del estatuto de la oposición, otro mandato constitucional, iluso resulta proponer y esperar que se le otorgue al elector primario una mayor facilidad de control político directo sobre los elegidos.

Mientras se mantenga este desequilibrio entre las normas para elegir y la revocatoria, prácticamente el elegido queda blindado, tanto más, si en el caso de gobernadores y alcaldes, de ipso facto acceden al presupuesto público que fácilmente convierten en mermelada para atornillarse al cargo. Cosa grave, que no exculpa la falta de cultura política del pueblo que teniendo avances tan importantes como el voto en blanco, tampoco lo ejerce en debida forma, y solo dos casos han resultado exitosos a los largo de los años.

La lentitud con que avanza la democracia participativa en Colombia, tanto en su implementación como en su socialización, lleva a predecir que, como vamos, vamos para largo aunque vayamos mal.