Uribe sacude a Colombia

Por Alberto Corona (Prensa Latina{PL}).- Colombia vive hoy un agitado panorama político luego que el expresidente Álvaro Uribe expresara su apoyo a ex funcionarios de su Gobierno que buscan asilo en otros países por supuestas faltas de

garantías judiciales.

En un comunicado de nueve puntos, el ex mandatario sostiene que los otrora funcionarios carecen de garantías para ser juzgados en el país, al tiempo que la percusión sobre ellos -según expresa- amenaza sus vidas.

"Hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales", señala en el documento.

Uribe, cuyo Gobierno (2002-2010) protagonizó sonoros escándalos, refiere que la justicia colombiana está sometida a la presión de los medios de comunicación "que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora".

El ex gobernante también asegura que la Corte Suprema de Justicia se equivoca al creer que había propósitos criminales desde su Gobierno contra ese alto tribunal, entidad con la que sostuvo varios enfrentamientos públicos durante su mandato.

Uribe manifiesta que siempre pidió a los miembros de su polémica administración que dijeran la verdad.

"Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo", agrega.

Sin mencionarlo expresamente, Uribe aludió así en el comunicado al caso de la ex directora de la policía secreta María del Pilar Hurtado, a quien Panamá otorgó asilo territorial pese a ser investigada aquí por espionaje ilegal.

Hurtado es considerada pieza clave en dichas pesquisas y en la cual cada nueva revelación involucra más a Uribe, objeto de investigación por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el citado escándalo de espionaje.

Incluso algunos medios de comunicación locales recogieron versiones en torno a que Uribe recomendó a Hurtado que pidiera asilo y no se descarta su intervención ante el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que este le fuera concedido.

Ante estas declaraciones, el presidente Juan Manuel Santos entró en la polémica y respondió a su antecesor que el Estado y sus instituciones ofrecen toda la garantía judicial y en seguridad para los colombianos.

"Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgados debidamente", puntualizó Santos en un intento por desmarcarse de Uribe, aunque admitió sentir "toda la gratitud, amistad y admiración" por el ex gobernante.

Por su parte, el director nacional del liberalismo, Rafael Pardo, consideró curioso que una persona como Uribe, que ha ejercido el poder, ahora diga que no hay garantías y promueva eludir la justicia.

"Él (Uribe) es un factor de poder en Colombia. Él ejerce de manera directa un gran poder desde hace ocho años y ahora plantea que los perseguidos son quienes ejercían el poder. Eso no tiene ningún sentido y le hace daño a la independencia de la justicia", subrayó.

En tanto, el procurador general, Alejandro Ordóñez, calificó al ex mandatario de ligero, imprudente, irresponsable y descomedido al haber puesto en entredicho la independencia de la justicia colombiana.

"Le exijo que guarde la compostura propia de un ex presidente de la República. No utilice indebidamente su calidad de ex mandatario para cuestionar sin fundamento la labor comprometida de la Procuraduría General", señaló Ordóñez en una durísima carta pública dirigida a Uribe.

Su descomedido comunicado -añadió- muestra su desconocimiento sobre la seriedad con que he adelantado mis funciones.

Ordóñez respondió así al comunicado de Uribe, en el cual señala que el procurador fue presionado por la Corte Suprema de Justicia para destituir a Bernardo Moreno, secretario general de Palacio durante su administración.

"Ignora que tengo el talante para absolver y sancionar según las pruebas que debidamente se recaudan", enfatizó Ordóñez en su misiva.

Moreno fue destituido por la Procuraduría de manera retroactiva e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en el referido escándalo de espionaje ilegal.

A su vez, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, dijo que el país tiene que estar seguro que al sistema jurídico colombiano no lo mueven intereses de ningún tipo,  sino sólo aplicar la ley y la Constitución.

Si bien Arrubla aclaró que no iba a entrar en la polémica planteada por Uribe, expresó que todos los colombianos pueden estar seguros que quienes pasen al examen de la justicia contarán con todas las garantías.

El país debe entender que si Colombia quiere la paz, debe confiar en su justicia y por lo tanto en sus jueces, apostilló.

Asimismo, para el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior, Hernando Torres, Colombia entera debe rechazar toda injerencia indebida orientada a menoscabar esa garantía.

El comunicado del ex dignatario ocurre, además, luego de conocerse que Costa Rica negó el asilo en octubre pasado al ex ministro Sabas Pretelt, quien dirigió la cartera de Interior y Justicia durante el Gobierno anterior.

Pretelt fue destituido de manera retroactiva por la entrega de prebendas a congresistas para sacar adelante la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.

En otros de sus puntos, en el comunicado Uribe vuelve a negar su implicación en el escándalo de espionaje ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), aunque todas las evidencias apuntan a la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).

Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia por el organismo de inteligencia, ente subordinado directamente a la Presidencia.

Para muchos es evidente que, con el apoyo manifiesto de Uribe a que sus ex funcionarios pidan asilo, éste pretende eludir la justicia por su responsabilidad directa en uno de los escándalos más sonados en la historia institucional del país.