Derecho de huelga: un termómetro político

--

Editorial: Octavio Quintero

--

El senador Alexander López, del Polo, está apuntando a uno de los temas más cruciales de la política laboral en la era de la globalización y del libre mercado: el derecho de huelga.

Es indudable, para empezar por algo, que los empresarios colombianos en los últimos 27 años (de Gaviria --1990-- en adelante), han ganado una inmensa libertad de acción en sus actividades económicas… Los gobiernos les han dado de todo, y todo se les ha permitido; y quieren más.

Pero no podría decirse lo mismo desde la otra orilla. Por el contrario, desde entonces, la inseguridad laboral se ha apoderado de los trabajadores; ha crecido la informalidad y se han perdido no solo las conquistas laborales alcanzadas, sino la misma libertad y actividad sindical reducida a su mínima expresión y, fuera de eso, detentada por unos dirigentes atornillados a los cargos.

Una huelga de tanto reflector mediático como la de Avianca nos viene a iluminar el drama de los trabajadores asalariados… Que hayan explotado los pilotos, una actividad laboral relativamente bien paga, lo que indica es que las relaciones obrero-patronales, como se decía en antes, están en el peor de los mundos.

El proyecto del senador debiera establecer por algún lado la real responsabilidad de una huelga en un servicio público esencial, es decir, si el servicio se suspende por culpa del patrón o por culpa de los trabajadores, y que el gobierno obre en consecuencia. Pero no seguir haciendo lo que se hace ahora que, de entrada, se declara ilegal la huelga, dejando a los trabajadores a merced de lo que quiera el patrón.

El proyecto del senador debiera contemplar que en todas las empresas que presten servicios públicos esenciales fuera obligatoria la convención colectiva como especie de contrato social entre las partes. Así, le sería fácil a la autoridad competente establecer quién está incumpliéndolo, y proceder en consecuencia: si son los trabajadores, decretar la ilegalidad de la huelga y dejar en completa libertad al empresario de adelantar todo lo que considere indispensable para restablecer el respectivo servicio a la mayor brevedad; si la culpa es del empresario, conminar, de un modo sumario, a que cumpla lo pactado y, en caso de resistirse, asumir el Estado transitoriamente la administración de la empresa mientras se establece el orden convencional.

No sobra alentar ‘desde las barras’ este proyecto que se anuncia en momentos en que la huelga en Avianca nos ha vuelto a poner en evidencia el claro contubernio que en política laboral se establece entre el gobierno y los empresarios en contra de los trabajadores, animado por los corporativos medios de comunicación.

Hoy estamos hablando mucho de paz relacionada con el conflicto armado que persiste en Colombia, sin ánimo de ‘agüar’ los acuerdos del Gobierno con las Farc-Ep. Pero olvidamos hablar, y sobre todo actuar con paz y justicia social. No hay que preguntar solamente a los empresarios si estarían dispuestos a darle trabajo a un exguerrillero, sino si están dispuestos a darles un salario digno y un trabajo estable y decente a los trabajadores colombianos.

No nos preocupemos tanto si las Farc-Ep merecen o no estar en el Congreso antes o después de ser juzgados. Preocupémonos por saber si los que hoy están en el Congreso hacen bien su oficio, es decir, con orden al interés general de todos nosotros, o solo en beneficio de esos pocos que ostentan el poder económico.

Y el proyecto del senador Alexander López, será una linda oportunidad para medir la clase política en ese campo. Échenle ojo, señores electores al debate: “por sus hechos los conoceréis”; y midamos también la voluntad de este gobierno y de nuestros eternizados dirigentes sindicales en las próximas negociaciones del salario mínimo para el año entrante que deben iniciarse en pocos días… “El que tengo ojos que vea, y oídos que oiga”, y en base a lo que vea y oiga que vote en consecuencia. Esto no es absteniéndose porque, como dice Bertolt Brecht, “de la abstención política nace el peor de los bandidos: el político corrupto y el gobierno lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

--

Fin de folio.-  le vendría bien al procurador Carrillo echarle una mirada a su propia institución, pues, la corrupción que blinda a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales nace en los despachos de los procuradores regionales y de los personeros municipales.