En malos pasos

Está por verse si, como dice la gente, un reciente alcalde de Tocancipá anda tras algunas explotaciones areneras ilegales que se van abriendo en Gachancipá al amparo de dudosos permisos sobre “movimiento de tierras” expedido por la administración municipal.

De llegar a comprobarse su participación en estos irregulares negocios, no tendría presentación que un exalcalde incurra en andanzas que en su momento debió haber perseguido como primera autoridad municipal.

Y menos, si como también se dice, anda en plena campaña reeleccionista desde el mismo instante en que dejó el despacho, haciéndole imposible la vida al sucesor, según la queja permanente del mismo alcalde actual de Tocancipá.

Ciertamente el exalcalde de marras es un emergente empresario que dispone de buenos recursos personales para financiar su populismo político. Pero el desafío que ha casado con la administración municipal en cuanta celebración se mete, indica que sus recursos propios deben haberse incrementado de manera abismal en los últimos años, como para que pueda darse lujo de semejante derroche.

Ese es un asunto bien importante a tener en cuenta al momento de investigar la procedencia de sus fuentes de financiamiento político, como deberán hacerlo en su momento  las autoridades respectivas de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, si es que persiste en su intento reeleccionista.

Pero desde ya, si es que en efecto está detrás de estos sucios negocios, resulta censurable su asalto a la ley y las normas ambientales, valiéndose de argucias que, por evidentes, sorprende que las autoridades respectivas de Gachancipá no hayan anticipado.

Si, como se dice, la autorización que se dio por los lados de la vereda La Aurora fue para un movimiento de tierra que terminó convirtiéndose en una indebida explotación recebera, que por demás, acaba de cerrar la CAR, la autoridad de Gachancipá queda obligada a emprender las acciones pertinentes contra el infractor, si es que en efecto se considera asaltada en su buena fe.

Lo contrario sería prueba reina de una tolerancia convertida en detrimento del patrimonio ambiental del municipio. Y en ese sentido, estaríamos hablando entonces de un presunto delito de omisión, salvo mejores o acomodaticias interpretaciones…