Tumbados los más pobres

24 horas después de que El Satélite denunciara en su editorial lo que llamó “La falacia del salario mínimo”, el diario económico Portafolio abrió el debate sobre la eventual inconstitucionalidad del incremento decretado por el gobierno nacional.

La tesis es que el decreto oficial podría estar contraviniendo una sentencia de la Corte en la que fijó los parámetros que se deben tener en cuenta para establecer anualmente el “salario mínimo vital”, basada en la inflación causada, la productividad, el aporte salarial al ingreso nacional, la variación del PIB, protección al trabajo, función social de la empresa y aseguramiento de una remuneración mínima vital.

El término ‘vital’ que aparece en la sentencia adquiere una connotación semántica de gran significado porque… ¿qué es vital en términos económicos?, vendría a ser la pregunta del caso. Y podría decirse que es aquel valor que con el tiempo mantiene su poder adquisitivo, es decir, conserva la vida útil, su energía o impulso y por lo tanto es constante…

Vital, entonces, quedaría desvirtuado si, como es el caso, el salario mínimo que se estableció para defender el ingreso de los trabajadores de más bajos ingresos pierde poder adquisitivo.

Esa es la discusión que no parece darse en la Mesa de Concertación Salarial a la que asisten representantes de los empresarios y los trabajadores, teniendo de por medio como árbitro al gobierno. Pero ese “de por medio”, es un decir, porque el gobierno en todo tiempo y lugar siempre ha jugado a favor de los empresarios. Casi que, con suspicacia, uno pudiera pensar que se cruzan la información para que, llegado el caso, el posterior decreto oficial se parezca en todo a lo que ofrecen de antemano los empresarios.

Es en donde la propuesta del editorial de El Satélite cobra interés al considerar que la bendita Mesa de Concertación debiera ampliarse con representantes de la academia económica que pudieran ilustrar a los presentes sobre los parámetros preestablecidos por la Corte.

Es lo que, en parte, ha hecho el editorial de Portafolio al revelar que la inflación del 2010 para los ingresos más bajos fue de 3,58%, frente a un 3,20 de los ingresos medios y un 2,1 para los ingresos altos.

Y no sobra resaltar la inequidad que ya el lector advierte en las anteriores cifras porcentuales: siendo la inflación de ingresos altos (2,1%) más baja que la inflación promedio (3,17%); y resultando la inflación de los más pobres más alta que dicho promedio (3,58%), los que paradójicamente resultaron favorecidos con el incremento del salario mínimo fueron los trabajadores de ingresos altos.

Aunque algunos economistas advierten que la interpretación que se le ha dado a la norma de la Corte es que el salario mínimo se debe incrementar según el IPC general, sin desagregarse por rangos de ingreso, más cercano a la lógica parece el ex magistrado Alfredo Beltrán quien, consultado también por Portafolio, dice que la sentencia de la Corte no usa la expresión “promedio” para el ajuste, y en tal caso, considera que el  incremento decretado por el gobierno sí resulta contrario a la jurisprudencia.

En esos términos está el debate, y si el país contara con una unidad sindical solidaria, no en torno a lo que parecen ser los intereses personales de sus principales dirigentes sino de los intereses generales de los trabajadores, este debate podría ser llevado de nuevo hasta la Corte para que, por la vía de la jurisprudencia, aclarara el alcance de su sentencia de hace 10 años. Pero, además, no creo que las centrales obreras como la CGT y CUT sean tan menesterosas como para no rodearse de unos economistas serios y capaces de proponer y sustentar la fórmula concebida en la sentencia de la Corte, impidiendo que la evidente connivencia del gobierno con la empresa, siga birlando el justo  agregado al incremento que debiera darse por productividad. Ahí tenemos una muy seria denuncia de la ex ministra Cecilia López Montaño, investigadora social, quien fuera también directora de Planeación Nacional, diciendo hace poco en su columna de El Heraldo, de Barranquilla, que de (…) “la contribución que los trabajadores colombianos han hecho al crecimiento de la economía -que va a estar alrededor del 4% para el año pasado- y que puede ser del orden del 30% del aumento del PIB, o sea 1,2%, solo recibirán migajas, 0,4 puntos porcentuales”.

Es ahí, en la contribución de los salarios a las utilidades de las empresas, en donde está la trampa y por la que se ha metido la inequidad más grande que país alguno de Latinoamericana soporte actualmente en su brecha de ingresos y salarios.