Hay que desprivatizar la política

Pregunta: ¿Qué intereses defienden los elegidos: a quienes los eligen o a quienes los financian?

Respuesta: Póngase a pensar

Campañas REDGES

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Ejemplos:

En las elecciones de presidente/2018, Duque recibió 512 millones de la industria de bebidas azucaradas. Cuando explotó el primer conflicto con los indígenas del Cauca, territorio ocupado por grades ingenios, que llevó al largo bloqueo de la vía Panamericana, confió la solución al ESMAD, y no quiso, alegando ‘principio de autoridad’, negociar con los líderes del movimiento social.

Gustavo Petro, que le siguió en votos, CERO pesos de esa industria, probablemente en represalia porque dijo que había que comprar tierras en el Cauca para resolver el problema social de los indígenas que ahora, precisamente, los están masacrando: van como 180 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Sergio Fajardo, que ocupó el tercer lugar y, según el senador Robledo “era el único capaz de derrotar a Duque”, recibió 106 millones de la industria de bebidas azucaradas, y esta es la hora en que no ha dicho ni mu, sobre la masacre de los indígenas; tampoco Vargas Lleras que recibió en campaña un apoyo de 315 millones de la misma industria.

El portal, Liga contra el Silencio, elaboró el siguiente cuadro de apoyos financieros a las campañas presidenciales del 2018:

Financiación a los partidos

A excepción de la Colombia Humana/UP, ningún otro partido se ha pronunciado sobre el exterminio de indígenas en el Cauca. Coincidencialmente, es la misma industria azucarera la principal financiadora de las campañas a Congreso/2018 de los principales partidos que dominan el panorama político nacional.

Casi 2.000 millones de pesos acumula el ‘augusto’ Partido Conservador, que aloja los radicales más acérrimos, todos amangualados con el Centro Democrático del expresidente Uribe, también con la canasta llena de apoyos de la industria azucarera.

El cuadro de la Liga contra el Silencio, muestra los siguientes aportes:

Conclusión

Hay que desprivatizar la política. Mientras los cargos de elección popular, tanto ejecutivos como de corporaciones legislativas, sigan apoyándose en los aportes privados, su compromiso prioritario será la defensa del interés de sus patrocinadores antes que de sus electores.

Seguir el discurso del interés general sobre el interés particular, que orla la provisión de cargos públicos en democracia, será canto de engañabobos a quienes se le rodean de todas las ‘garantías’ para asegurarles en el papel sus derechos, mientras en los salones del poder se cocinan los acuerdos entre el gobierno y los empresarios, en pago de sus aportes a las campañas.

Esto es tan evidente que, negarlo, resultaría el colmo del cinismo, aunque nada extraño en un país en donde lo extraño es que los electores sigan diciendo, como en el bolero, “Miénteme más, que me hace tu maldad feliz”.