Sobre la justicia mediática

    Desprevenidamente cualquier ciudadano de mediana información daría hoy por  corrupto al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Y, seguramente daría por hecho que su hermano, el senador Iván Moreno, es el halcón que dirige toda la millonaria contratación que ha sido puesta en tela de juicio a raíz de la caída del grupo Nule.

Si se le preguntara  a esa persona por qué piensa así, seguramente se guiaría por las denuncias hechas ante los medios de comunicación por el  ex candidato presidencial Gustavo Petro y su par de amigos, el senador Avellaneda y el concejal de Roux, basado en indicios sin pruebas.

En los últimos años se ha desarrollado mucho en Colombia el tema del “debido proceso”. Desde hace unos 15 años cuando explotó el famoso escándalo del Proceso 8.000, se socializó la figura jurídica del debido proceso para establecer la responsabilidad del Presidente en la filtración de dineros del narcotráfico en su campaña.

Pues, el bendito debido proceso no aplica a los medios de comunicación, y esto lo saben bien los manipuladores de esos medios que sueltan los infundios con una vigorosa y sugestiva carga emotiva. Y, después, sálvese quien pueda.

No estamos asumiendo defensa ni condena alguna, porque, también resulta pertinente reconocer que a través de esas filtraciones periodísticas, muchas ollas podridas, como la del DAS, por ejemplo, se han desvelado. Pero también muchas honras siguen por el suelo, como la del almirante Arango Bacci. Lo que señalamos es que nos preocupa que la justicia en Colombia, y concretamente las investigaciones de estos sonados casos, parezcan juego de ruleta rusa en donde el “puede ser o no ser” es el macabro albur.

A la altura de las denuncias sobre corrupción en la contratación de Bogotá, y más concretamente en la administración de Samuel, ya todo el mundo tiene su propio veredicto, no obstante que, en lo que llamamos estrados judiciales, apenas se inicia la investigación.

Es de una irresponsabilidad absoluta, cometida bajo plena intención, que los protagonistas del susodicho debate hayan dejado para el final la advertencia de que sobre sus acusaciones no tenían ninguna prueba. Así lo declaró el mismo ex candidato presidencial Petro y le sigue ahora el locuaz concejal Carlos Vicente de Roux: “No hemos dicho que alguien robó”, acaba de declarar. Y tampoco ha mostrado nada concreto sobre el mismo tema el senador Avellaneda, al decirle a la presidenta del Polo, Clara López Obregón, que el informe sobre el cual ya habían pontificado en la rueda de prensa, “no lo habían terminado”.

Albert Camus dijo alguna vez que el periodismo era “la profesión más bella del mundo”. Quién sabe qué tanto siga siendo válida la aseveración del gran escritor. Pero lo que sí parece cierto es que de esa profesión se están aprovechando unas figuras públicas que brillan con luz propia en el firmamento de los medios de comunicación para disponer de la vida, honra y bienes de los demás, ex ante de que la justicia haya dictado su veredicto. Y eso es lo que debe preocuparnos como periodistas y como cultores de un Estado Social de Derecho.