SM: UNA METÓDICA MENTIRA

Hace poco, un constitucionalista de la talla del magistrado, José Gregorio Hernández, endilgó a los presidentes de Colombia la costumbre de violar la Constitución, especialmente cuando lo preceptuado a cumplir va dirigido a proteger derechos de la clase laboral y la población más necesitada.

Una de esas violaciones se consuma año tras año en la fijación (por decreto o concertación) del llamado Salario Mínimo (SM).

En efecto, la Constitución no habla de un SM sino de un Salario Vital (SV) y resulta protuberante la diferencia entre uno y otro ya que, un salario mínimo puede ser cualquier cifra que se le  ocurra a alguien y un salario vital no puede ser otro que el que se requiera para llevar una vida digna.

La vida digna, en gracia de discusión en un mundo capitalista, también tiene clasificación: hay una vida digna a lo pobre; una vida digna a lo clase media y una vida digna a lo rico.

Digamos que el texto constitucional se refiere a la mínima vida digna de un pobre que se mide por el costo de la canasta familiar básica que establece el DANE.

Ese costo, en cifras redondas, es de un millón 200.000 pesos mensuales. Luego, el salario mínimo vital de que habla la Constitución en Colombia debiera ser ese, y no de $616.000 en que ha quedado establecido el salario mínimo con el que se camufla el salario vital.

A este método de sustraerles el ingreso decente a los trabajadores más pobres se le llama “macroeconomía”, la misma que ahora ha quedado reforzada por la ley de sostenibilidad fiscal.

Es un oprobio social que, por ejemplo, este año comience con un alivio a los empresarios que ya no tendrán que aportar el 8,5 por ciento a la salud de sus trabajadores, en tanto que al trabajador sí se le mantiene su aporte del 4 por ciento y se le disparan, además, alzas en todos los precios básicos de alimentos y servicios.

En lo primero, no se ve un derecho a la igualdad porque, si se le suspenden los aportes a unos por qué no a todos; y en lo segundo, el incremento del llamado salario mínimo es una grosera mentira, no solo por lo inconstitucional sino porque a la vuelta de la esquina (entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero) el incremento queda borrado y superado por las consiguientes alzas.

Ni se diga el trato igualmente inconstitucional, ofensivo y despiadado que se le da al pensionado raso (por supuesto) al no reconocerle ni siquiera el incremento del SM sino el de la inflación certificada por el DANE que ya, de por sí, es una falacia técnica en cuanto promedia todos los productos, algunos de ellos de consumo suntuario al que nunca tiene acceso ( y tal vez ni derecho), el pobre. Si esa inflación se midiera solo por el incremento de productos básicos en la canasta de los pobres, seguro resultaría más alto porque, en las mismas cifras del DANE se ven rubros muy populares que en el último año han crecido cerca del 10 por ciento, es decir, 7 puntos por arriba de la inflación.

Pero esto que es tan sencillo de comprender y por supuesto de exponer no tiene dolientes ni en el gobierno, que juega siempre en el bando de los empresarios; ni entre las centrales obreras cuyos dirigentes en la cúspide se regodean a lo rico con la mermelada que resbala de la “Mesa de Unidad Nacional”.