Sin más peros...

Todas las entidades públicas y privadas que convergen al río Bogotá tendrán que rendir un informe detallado de sus actividades en el plazo perentorio de cinco días, según determinación adoptada ayer jueves por el Consejo de Estado, dentro de la acción popular entablada contra los tradicionales contaminadoras de la principal arteria fluvial de Colombia, desde el aspecto demográfico.

La decisión está contenida en un auto proferido por el Magistrado, Marco Antonio Velilla, y pretende obtener información actualizada sobre el estado de las obras para analizar los avances del proyecto de descontaminación.

En el caso de la Corporación Autónoma Regional (CAR), deberá presentar, entre otras cosas, un informe detallado sobre la entrega, costos operacionales y de inversión de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cuenca del río Bogotá. También tendrá que incluir un informe sobre los programas de reubicación y los procesos sancionatorios que se adelantan en las curtiembres del municipio de Villapinzón.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tendrá que informar sobre los avances del proyecto de saneamiento del río Bogotá y sus afluentes, el estado de la construcción de la estación de bombeo de agua para el Distrito Capital y el estado del diseño de la planta de tratamiento Canoas, entre otras cosas.

Al Departamento Nacional de Planeación (DNP) se le pide un esquema de financiación del programa de saneamiento del río Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente deberá informar sobre las acciones adelantadas para el control de vertimientos en el río Tunjuelo.

El Departamento de Cundinamarca, el Fondo Nacional de Regalías en liquidación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá y Chía también tendrán que entregar informes sobre su contribución en el proyecto de descontaminación del río Bogotá.

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Fuente: CM&, Guillermo Gómez