Se rebotan los mineros
11.10.2012 08:58
El problema de la minería en Colombia, la que se desarrolla a través de pequeñas y medianas empresas muchas de ellas ilegales que, aunque operan con maquinaria moderna pasan todavía como artesanales, se está convirtiendo en un problema de orden público por los lados de los municipios llamados Cundiboyacenses.
La más reciente decisión del gobierno nacional de cerrar 37 minas en Guachetá, dejó a 900 obreros sin oficio y provocó una reacción de orden político en cabeza del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo quien acusó al gobierno de estar asimilando al crimen del narcotráfico la actividad de los mineros tradicionales.
En efecto, haciendo uso de la Decisión Andina 774 expedida el 30 de julio de este año, el gobierno del presidente Santos viene arremetiendo con toda la minería ilegal bajo la suposición de que pueda estar siendo utilizada por los grupos al margen de la ley para financiar sus actividades subversivas y criminales.
La mencionada Decisión de la CAN, en sus puntos más críticos dispone:
(…) “Enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana”…
Actividad minera
La Decisión cobija como actividad minera todo lo relacionado con prospección, exploración, explotación, acopio, beneficio, concentración, transformación, fundición, refinación, transporte y comercialización de minerales sin distinguir tamaños de empresas, capitales, equipos, materias primas o comercialización local, regional, nacional o internacional.
Minería ilegal
Y más adelante, estima como minería ilegal, toda actividad ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas…
Y, finalmente, al definir las medidas de prevención y control determina el decomiso e incautación de bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en desarrollo de la minería ilegal y recomienda “establecer sanciones suficientemente disuasivas a quienes ejerzan la minería ilegal y sus actividades conexas y a quienes las apoyen y financien”.
En ese contexto legal, el gobierno ha metido desde la pomposa multinacional minera hasta el curtido minero que sigue echando pico y pala en los socavones y cárcavas como sus abuelos y padres.
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