SALUD A LA CARTA

23.09.2014 17:19
 

Sept/20/2014

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Salud a la carta

Poner a los colombianos a elegir entre un medicamento de marca, un genérico y ahora un  biotecnológico, es asumir que, en términos medios, tenemos tanta información técnica en cuestiones de salud como un boticario.
No, por favor: no sean crueles. La radiografía a esta disyuntiva fue dada por un NN que dijo en un sondeo periodístico al respecto: “No sé cuál puede ser mejor porque como a uno siempre le recetan para todo ibuprofeno y Acetaminofén” (¿?)…

Lo procedimental

El control a los medicamentos se debe hacer en dos frentes fundamentales: 1. El ético, que corresponde a los médicos y paramédicos, quienes deben recetar lo que profesionalmente crean que más conviene al paciente, independientemente de la marca, el precio o laboratorio; 2. Comercial, por comparación de precios en el mercado internacional, que resulta más sencillo de lo que parece: el adalimumab, utilizado en tratamiento de artritis reumatoide, tiene un precio en Colombia de 173 por ciento más alto que en el Reino Unido; el interferón beta 1-B, utilizado en el tratamiento de esclerosis múltiple, está 3.204 por ciento más caro que en los países europeos y el rituximab, utilizado en pacientes de cáncer, vale en Colombia 3.500 dólares, mientras que en el Reino Unido tan sólo 278.
¿Es muy difícil controlar estos abusos? No, qué va… Sin necesidad de saber si son de marca, genéricos o biotecnológicos, cualquier autoridad con sensibilidad social, hasta este presidente Santos y su ministro Gaviria, de Salud, pueden darse cuenta que ahí hay un pretermitido y descarado comercio con un medicamento que seguramente ha cobrado muchas víctimas mortales.
¿Por qué hacen difícil lo que es tan fácil? Porque rodear de misterio lo simple permite la explotación de los ignorantes, aquí en este caso, casi todos nosotros en materia de salud.

Presidente Name: es con usted

El fallo del Consejo de Estado (CE) sobre la accidentada reforma a la justicia del 2012 ha metido al presidente del Congreso, José David Name, en un berenjenal….
Resulta que el CE halló inconstitucional el decreto que expidió el presidente Santos convocando a extras al Congreso para hundir el acto legislativo de reforma a la justicia que acababa de ser aprobado con todas las de ley tanto en la forma como en el fondo. Si el decreto resultó ilegal, todo lo que se haya hecho de ahí en adelante quedó sin efecto jurídico. Es decir, la reforma está en el limbo.
Cuando se trata de actos legislativos, el paso a seguir no es la sanción presidencial sino la publicación en el Diario Oficial ordenada por el Presidente de la República, y aquí viene el quid: si el Presidente no lo hace, debe (o tiene) que hacerlo el presidente del Congreso, es decir, usted doctor Name, e infórmese y verá que si no lo hace está incurriendo en el delito de prevaricato.

Controvertible, pero interesante

No hay ningún rio del mundo que pueda ser navegable las 24 horas del día, 365 días al año, afirma el profesor Jaime Iván Ordoñez de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, al referirse al proyecto de navegabilidad en el Magdalena que califica como “una quimera” de la actual administración.
“El Magdalena nunca será navegable en toda su extensión y a toda hora, ni necesita serlo”, manifestó, al concluir que no se dan las condiciones para realizar este proyecto en el país y consideró que debió retirarse de licitación al quedar un solo aspirante, de 10,  que pudo concluir parcialmente su propuesta.
“Si estudiar un tramo de 15 kilómetros de este río tomó más de dos años, ¿cómo podrá el consorcio único, en 18 meses, avalar 900 km?”, se pregunta el profesor  y agrega que pese a los billonarios costos, el gobierno se empeña en un proyecto que no tiene viabilidad (Redacción El Satélite/Fuente UN Periódico No. 744).

Lenguaje guerrerista

La senadora Claudia López no termina de aterrizar en el Congreso, no al menos en su nuevo ropaje medioambientalista de los Verdes que representan la paz con la naturaleza o de confesa promotora de la paz santista por lo único que se tragó el sapo de la reelección.
¿Llamar al expresidente y senador Álvaro Uribe, sanguijuela y rata de alcantarilla? No es de recibo en una persona que por oficio profesional, representación política y proclive a la paz debiera cuidar más su vocabulario legislativo.
El expresidente Uribe ciertamente tiene que aclararle a la justicia muchos actos de su vida pública,  y en eso se supone que andan las autoridades competentes. Pero alguien cree que si figuradamente fuera sanguijuela o rata de alcantarilla se hubiera metido al Congreso ofreciendo el flanco por el que entran ahora epítetos tan fuertes como los de la senadora Claudia o debates tan acres como el del senador Cepeda? No,  ¿cierto que no?…

De interés general

Circula en la red una advertencia que puede ser cierta: los delincuentes le llaman a su celular haciéndose pasar por empleado de Tigo, Movistar o Claro y le sugieren apagar el equipo para evitar en ese momento una clonación que le están haciendo. Cuando la víctima elegida apaga el aparato, los delincuentes llaman a sus familiares pidiéndoles rescate por usted. Cuando el familiar le llama se encuentra con el mensaje: “El número al que Ud. llama se encuentra apagado o fuera del área de cobertura”. De ahí en adelante toda la familia entra en pánico total y termina pagando el rescate por usted que todo lo que hizo fue apagar el celular.

Libertad de expresión…

Vuelve y juega: Una periodista emite una entrevista-denuncia que resulta cuestionada por los afectados que interponen, a su vez, una demanda ante la autoridad competente por injuria y calumnia.
Los medios locales se solidarizan con la periodista y hablan, como siempre, de censura. El asunto sube a Bogotá y la revista Semana.com recoge la información indicando en el título… “Martha Cifuentes, la periodista que se siente censurada en Yopal por denunciar irregularidades de la construcción de tanques de agua”.
El tema es un asunto serio que no solo involucra hoy a esta aguerrida periodista de provincia sino al periodismo colombiano en general, y tiene sus bemoles de parte y parte, pues, puede ser “espada de Damocles” sobre la libertad de expresión o “patente de corso” de periodistas inescrupulosos, que los hay, los hay.

Injuria y calumnia

Este es un delito que no solo involucra a quien injuria y calumnia sino a quien se presta a la propagación de la injuria y la calumnia. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal, cuando dice…
Artículo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores (prisión y multas), quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante”.
El asunto es que los periodistas deben tener presente esta norma porque, cierto es también, que el periodismo, hoy más que nunca  comprometido con el acontecer político y económico del país, unas veces batea desde el campo del interés general, y otras, con más frecuencia de lo que se cree, juega a favor del interés político o económico en lo particular.
Y ese es el meollo no solo de Yopal y la periodista Cifuentes, sino de todo el periodismo nacional e internacional cuando entra en choque con el poder dominante, que unas veces es, ciertamente censura, y otras, trincheras abiertas por los medios bajo el paraguas de la libertad de expresión.

 

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