Salomón Kalmanovitz
21.08.2012 08:23
Nota de El Satélite: El gobierno colombiano ha quedado obligado a dar una muy específica explicación sobre esta columna del analista Salomón Kalmanovitz en El Espectador, sobre la inminente renovación del contrato de explotación carbonífera en Cerromatoso, llena de acusaciones graves contra el actual ministro de Minas, Mauricio Cárdenas.
Léanla y juzguen ustedes mismos:
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Salomón Kalmanovitz
El próximo 30 de septiembre vence la concesión de los depósitos de
níquel extendida a la firma BHP Billiton en Montelíbano, Córdoba.
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La empresa negocia sigilosamente con el Gobierno para extender su
explotación hasta 2029, algo que el ministro Mauricio Cárdenas da como
un hecho cumplido.
La prórroga es inconveniente para los intereses de la Nación y así lo
estableció Ingeominas en el 2010, lo que llevó a la destitución de su
director y a la renuncia de un alto funcionario, José Neiza. Los
bienes que debían revertir al país pasan a ser arrendados en el nuevo
contrato a la misma empresa mediante un canon de sólo 1,25% sobre la
ganancia neta semestral, después de impuestos y regalías. El ingreso
para el Gobierno no sólo será pequeño sino dependiente de la
contabilidad de la empresa, que le es imposible verificar.
Un estudio independiente aduce que un mínimo de 4,8% de las ganancias
operacionales, que no netas, para el Gobierno sería conveniente. El
concepto viene siendo apoyado por la Contraloría General de la Nación
y recientemente la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se
manifestó en contra de la renovación del contrato.
La empresa tiene un triste historial en materia tributaria. En 2010
pagó $35.300 millones después de un proceso de conciliación con
Ingeominas en torno al pago de las regalías, pues había inflado sus
costos; de todas maneras, dejó de pagar una buena parte de ellas,
según un analista independiente. Las regalías fueron de sólo el 8% del
valor del mineral en boca de mina, a pesar de que desde 1994 la ley
las había elevado al 12%. Este valor sólo comenzó a ser reconocido de
2005 en adelante, pero se evadió por más de una década.
Inversiones a las que estaba obligada la empresa mediante el contrato
inicial, como carreteras, ramales, embarcaderos, aeropuerto,
acueducto, alcantarillado y planta de purificación, hospital, escuelas
de primaria y viviendas para los trabajadores, son presentadas como
gastos en responsabilidad social de la empresa y mostrados en un
vistoso comercial que se pasa por televisión con mucha frecuencia.
Tales inversiones son asumidas por una Fundación San Isidro y son
sospechosamente descontadas del impuesto de renta que debe abonar al
fisco la Billiton. Una parte de las regalías es también deducida del
impuesto a la renta, de tal modo que los contribuyentes terminamos
haciéndole una trasferencia a las autoridades de Córdoba.
La corrupción local ha sido de tal magnitud que ha disipado las
regalías que poco han afectado los abismales índices de calidad de
vida de la población de Córdoba: la mortalidad infantil del
departamento es el doble de la nacional y las necesidades básicas no
satisfechas han mejorado muy levemente entre 1993 y 2005 en el
departamento, incluso en Montelíbano. Hay incluso evidencia de
envenenamiento de fuentes de agua que ha afectado negativamente la
salud de la población.
El contrato debe ser liquidado y otorgado mediante licitación pública
para que el país participe adecuadamente en la renta de sus recursos
naturales, con participación variable según los precios
internacionales. Debe facilitarse el montaje de industrias que
utilicen el níquel como insumo y profundizar así el desarrollo
económico del país; ahora sólo exportamos materia prima sin procesar.
Es la única manera de que disfrutemos de “la bendición de los recursos
naturales”.
* Datos tomados de un documento de Álvaro Pardo, de Colombia Punto Medio.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com
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