Rodrigo Uprimny

¿Fuero o desafuero militar?
(Su columna en El Espectador)

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En sexto debate fue aprobada, con poca discusión pública, una reforma
constitucional que amplía enormemente el fuero militar. Y eso es muy
preocupante.
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Explico el tema: hoy sólo pueden ser juzgados por la justicia militar
los militares o policías que hayan cometido delitos claramente
vinculados con el servicio. Además, todas las infracciones graves al
derecho humanitario, como las torturas, las violaciones o los
asesinatos, por ser tan ajenos a la función militar o policial, son
juzgadas por la justicia ordinaria.
Esta regulación restrictiva se explica porque el fuero militar es una
excepción al principio general, según el cual todos estamos sometidos,
en una democracia, a una misma justicia. El ámbito de la justicia
militar debe entonces limitarse a su propósito, que es asegurar la
disciplina castrense: por ello sólo debe conocer de los delitos
estrictamente asociados con el orden militar. Nada más.
Esta regulación corresponde además a los mandatos del derecho
internacional, que señala que la justicia militar no debe nunca juzgar
violaciones graves a los derechos humanos.
Todo esto cambia radicalmente con el proyecto en curso. No puedo
describir en detalle todo su contenido, por lo cual me limito al
aspecto que considero nuclear: la reforma amplía tanto el fuero
militar que, para militares y policías, dejará de ser excepcional para
convertirse en la regla.
El texto aprobado plantea que, con excepción del genocidio, los
crímenes de lesa humanidad y la desaparición, todas las demás
infracciones al derecho humanitario cometidas por militares o policías
serán conocidas exclusivamente por la justicia militar. Los mal
llamados “falsos positivos”, las torturas o los hechos de violencia
sexual cometidos en operaciones de la Fuerza Pública corresponderían
entonces a la justicia militar.
Este drástico cambio ha sido justificado con diversos argumentos, como
la supuesta incapacidad de los jueces ordinarios para comprender las
operaciones militares, o la presunta falta de garantías y seguridad
jurídica de los militares en la justicia ordinaria. Pero ninguna de
esas razones es convincente, como intentaré explicarlo en otros
escritos.
El apoyo mayoritario a la reforma parece entonces derivar de un hecho
político: la idea de que es necesario dar un respaldo político a la
difícil labor de los militares ampliándoles el fuero. Pero ese tipo de
apoyo es malo para la sociedad colombiana, pues la experiencia ha
mostrado que, por un mal entendido espíritu de cuerpo, las violaciones
a los derechos humanos suelen quedar en la impunidad cuando son
conocidas por la justicia castrense. Es también malo para la propia
credibilidad de la Fuerza Pública, pues ese esfuerzo por sustraerla de
la vigilancia de jueces externos independientes no puede sino generar
sospechas de que lo que se busca es la impunidad. Y es malo para el
Estado colombiano que termina incumpliendo sus obligaciones
internacionales.
La Fuerza Pública merece nuestro apoyo, pero la ampliación del fuero
militar no es la forma de hacerlo: es un apoyo envenenado.