Opinión El Satélite/Octavio Quintero

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Un artículo de El Espectador del 30 de julio pasado: “Ni la mitad del Concejo de Bogotá ha declarado si tiene impedimentos”, debiera abrir los ojos de todos los ciudadanos de Colombia, especialmente de aquellos con vocación y organización de veedores, con el fin de exigir de los concejos en sus respectivos municipios el cumplimiento de la ley 136 de 1994 que en su artículo 70, sobre conflicto de intereses, dispone:

… “Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella”.

La verdad, ah pocos concejos municipales que deben estar cumpliendo la ley; y de los que estén llevando el registro, ah pocos concejales que deben estar al día con la norma. En la indagación de El Espectador se encuentra la insólita respuesta del presidente del Concejo de Bogotá en el sentido de que no sabía lo del tal registro. Esta respuesta supera la del entonces representante Simón Gaviria que, siendo presidente de la Cámara, firmó una ley que no había leído, según su propia confesión de parte.

Menos culpabilidad tienen, pero también inexcusable, que las veedurías ciudadanas más organizadas no hagan una masiva pedagogía de esta norma y que, ellas mismas, no hayan hojeado el registro de ningún concejo de los mil y pico que hay en el país en busca de algún indicio de corrupción que, en estas corporaciones viene a ser como la verdolaga en playa…

Resulta válido insistir hasta el cansancio, como hemos venido diciendo, que Colombia es un país de mucha ley y poca autoridad. ¿Qué le cuesta a la Procuraduría, por ejemplo, pasar una revisión al mencionado registro siquiera al inicio de sesiones ordinarias, a ver si todos los concejales han cumplido con la norma de consignar la información relacionada con su actividad económica? Nada, para eso está, o debiera estar…

Uno debería creer que si la autoridad está para hacer cumplir la ley, y que es la misma gente investida de autoridad la primera en incumplir la ley, todo lo demás es babia, generalmente de tipo populista, como esas primeras declaraciones del nuevo Fiscal General de luchar contra la corrupción y no politizar la institución a su cargo. Es lo mínimo que se puede esperar de un fiscal que jura cumplir con la Constitución y la Ley. Pero los medios de comunicación tienen razón al resaltar este tipo de declaraciones porque, en la práctica, todos los fiscales generales han dejado la deshonrosa huella de engavetar expedientes triple AAA (de su cuerda), o a la inversa: filtrar información a los medios de otros triple AAA,  buscando hacer daño político a sus contradictores… Que aparezca uno que al menos de boca dice que va a cumplir con su obligación de perseguir el crimen y despolitizar la institución, es una gran noticia.

Por donde se mire, Colombia está harta de leyes y sus respetivos decretos reglamentarios y resoluciones; y es vivo ejemplo de la máxima esa que dice: “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”: Tácito (emperador romano entre el 275 y 276).

De la misma información de El Espectador se desprende la suspicacia de que algo tienen que esconder los concejales de Bogotá, que es el ejemplo al canto, pues, le pusieron todo tipo de trabas y sigilo al periodista para dejarle ver el libro de registro que, en la misma ley, se dice que es de “público conocimiento”; y una vez franqueado el obstáculo, parece que los funcionarios del concejo capitalino corrieron a informarle a todos los concejales del asunto como previniéndoles de que se cuidaran por si algo tenían que esconder.

Intente cualquier veedor en su propio caso acceder a esta información de los concejales y verá en el berenjenal que se mete.

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Fin de folio. Lo dicho en el último párrafo, no se dice por disuadir a nadie, sino por retarlo a que lo haga… Y me cuenta.

El Satélite

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