El mecanismo quedó consagrado en la Ley 1466 del 2011 que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos. Este busca establecer un instrumento de cultura ciudadana para el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública.

La Ley autoriza a los entes municipales las sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas que infrinjan la normatividad.

Los concejos distritales y municipales tienen que aprobar en el plazo máximo de un año la reglamentación del comparendo a través de un acuerdo municipal.

El tema va más allá de las sanciones ya que las Alcaldías y los Concejos tendrán la responsabilidad de organizar la  incentivar la cultura de separación en la fuente y estimular a la sociedad a entender y proteger la actividad del reciclaje y la recuperación ambiental.

Las administraciones locales y los cabildos deben incentivar la asociación y formalización de la población de recuperadores ambientales, así como hacer expresos esfuerzos en la protección de esta población.