POR DESGRACIA DEL ESTADO

31.07.2019 10:47

Corrupción política institucional

 

La corrupción domina la agenda mediática del país y se ha convertido en conclusión popular de las ‘afugias’ que se abaten sobre la población. 

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Análisis: REDGES

Octavio Quintero

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La corrupción en Colombia ya se puede considerar un “mal endémico” que se intensifica periódicamente en época electoral. Y si la política (actividad de los que gobiernan los asuntos del Estado), nace de ese fango, ¿qué más se puede esperar?

Una anécdota, poco conocida pero ilustrativa en este momento, habla de un empleado público que se quejaba ante su padrino político de que el puesto que le había conseguido no le alcanzaba para vivir, a lo que el padrino le contestó, muy seriamente: “Es que no te nombré en ese puesto para que vivieras del sueldo”.

Es el caso de un gobernador de categoría especial (más de 4 millones de habitantes), que se puede ganar en 4 años de mandato, un total de $778’126.080, a razón de $16’210.960 mensuales, según decreto 1028 del 06 de junio del 2019, el Consejo Electoral, para adelantar su campaña, le autorizó un monto de gastos de $4.296’425.547, mediante res. 0253 del 29/01/2019.

¿Cómo así? ¿Quién puede explicar la racionalidad económica, honesta, por supuesto, de una inversión de $5,51 por $1 de retorno? Si no es apropiándose de parte del presupuesto departamental, no podrá recuperar la inversión en su campaña, ni siquiera sumando al sueldo, la reposición de $3.642 por voto válido que el Estado le reconoce.

Veamos un ejemplo muy aproximado a la realidad:

Tomemos por caso a Cundinamarca (cualquier departamento sirve de modelo), donde existe un potencial electoral de 1’922.034 habitantes. Suponiendo una participación del 60% (promedio histórico), irían a las urnas 1’153.220; ahora, si el candidato ganador resulta elegido con el 51%, sería un total de 576.611 votos lo que, con una reposición de $3.642, daría un total de $2.100 millones, más los $778 millones de sueldo en cuatro años, daría un gran total de $2.878 millones; y se gastó $4.296 millones: saldo en rojo, $1.418 millones.

Tómese cualquier departamento o ciudad, aplicando su categoría y escala salarial correspondientes; háganse las cuentas del caso, y siempre dará saldo en rojo. Es decir, para no darle más vueltas al asunto: desde el mismo Estado, con estos decretos del Gobierno y resoluciones del Consejo Electoral mencionados arriba, se estimula la corrupción al permitir que los candidatos gasten más plata en las campañas de lo que eventualmente podrían recuperar en sueldos y reposición electoral.

El asunto de la corrupción administrativa es más elemental: el municipio más pobre de Colombia (no digamos el nombre porque, paradójicamente en Colombia, la verdad se puede convertir en calumnia), maneja un presupuesto anual, en cifras redondas, de $11.000 millones, el 10% (promedio de la corrupción denunciada o CVY que irónicamente dice la gente), son, $1.100 millones anuales, en cuatro años, son $4.400 millones; más sueldos y reposición de votos, ahí sí cuadran las cuentas.

La idea de este editorial surge de un trino de @ALBAHO3, el 29 de julio, quien pregunta:

¿Alguien sabe por qué un profesional que lo nombran director de una oficina de gobierno y gana 10 millones, deja ese cargo para lanzarse a la alcaldía de un pueblo cuyo sueldo es de 3 millones? ¡Yo solo sospecho que va a robar!

Sí, lamentablemente, ¿qué más se puede pensar? La pregunta también se ha formulado con respecto a los parlamentarios. Cifras y Conceptos adelantó, pasadas las elecciones del 2018, una encuesta entre 43 senadores elegidos sobre el costo de sus campañas, y dice:  “… Se puede inferir que en promedio una campaña al Senado cuesta alrededor de $3.000 millones”. Pero advierte que encontró casos de hasta $12.000 millones de costo. Un senador, en promedio, se gana en cuatro años, $1.440 millones, a razón de $30 millones mensuales. ¿Cuál es el negocio, entonces, de invertir dos pesos por uno de retorno? La conclusión es la misma de @ALBAHO3: “¡ROBAR!”.

Y, si estas cuentas parten de las autoridades respectivas (Consejo Electoral y Ministerio de Hacienda) que fijan los topes de campaña de acuerdo con un “estudio de costos” desarrollado por ellos, ¿por qué autorizan topes de gastos por encima del retorno en sueldos y reposición de votos?

¡Oh dios! que, si sigo con estas disquisiciones, me enloquezco…

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Enlace interesante:

ASÍ SE MUEVE LA CORRUPCIÓN

 

La corrupción domina la agenda mediática del país y se ha convertido en conclusión popular de las ‘afugias’ que se abaten sobre la población. 

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